En la audiencia desarrollada el martes, se expusieron las confesiones de Carlos Wagner, empresario y ex presidente de la Cámara de la Construcción, y del financista Ernesto Clarens, quienes detallaron cómo se organizaba la cartelización de la obra pública vial a través de la Cámara de Empresas Viales, conocida como la “Camarita”, a cambio de sobornos.
Se leyeron un total de 191 hechos de cohecho atribuidos a Cristina Kirchner dentro del expediente denominado “Camarita”, que investiga la maniobra de cartelización en la obra pública vial. En esta octava audiencia se destacaron las declaraciones de Wagner, quien describió el circuito de cobro, las órdenes recibidas y el monto recaudado, que supera los 30 millones de dólares.
El juicio continuará en modalidad virtual hasta el 18 de diciembre y abarca a 86 imputados. El expediente cuenta en total con 51 acusados y se investigan tanto cohechos activos como pasivos relacionados con la obra vial.
La investigación comenzó el 22 de agosto de 2018 como una derivación de la causa principal, al descubrir indicios de que la asociación ilícita operaba también en obra pública civil, energía y transporte. La estructura de corrupción, encabezada por Cristina Kirchner entre 2003 y 2015, se dedicaba a cobrar fondos ilegales bajo el nombre de “Camarita”, según los imputados colaboradores.
Los arrepentidos coincidieron en describir un sistema en el que se pagaban anticipos financieros a funcionarios estatales por medio de Ernesto Clarens, con porcentajes que oscilaban entre el 3% y el 20% sobre el valor de las obras. Carlos Wagner explicó que el anticipo financiero generalmente era del 10%, de los cuales se pagaba un 5% de retorno, o un 3% si la obra no tenía anticipo y se pagaba contra certificados de obra.
Wagner detalló que el dinero recaudado pasaba primero a José López, ex secretario de Obras Públicas, quien luego lo transfería a funcionarios de vialidad para incluirlos en los listados de pagos mensuales. Según él, “el porcentaje del 3% era un acuerdo que tenían con Clarens”.
El empresario describió que las licitaciones eran manipuladas: los interesados compraban los pliegos y se reunían para decidir quién ganaría, asegurando la adjudicación a empresas específicas, incluso sin cumplir los requisitos legales. Esta maniobra era organizada por Wagner y facilitada mediante un sistema de selección directa que evitaba los procesos administrativos habituales.
El financista Ernesto Clarens desempeñó un rol clave, siendo el receptor directo de los pagos ilegales de las empresas vinculadas a la construcción vial. Él se encargaba de cambiar las divisas y gestionar los giros hacia los destinatarios finales. En su declaración afirmó: “las personas de la Camarita me dejaban una suma en pesos con una anotación de qué habían cobrado, monto y concepto. El monto dependía de la recaudación, eran alrededor de 300.000 dólares por cada entrega y con frecuencia semanal”.
Clarens también explicó que mensualmente recibía un listado con detalles de las obras licitadas, incluyendo fechas, número de licitación, presupuesto oficial, empresa adjudicataria, monto ofertado y porcentaje de sobreprecio. Además, existía un ranking de las empresas cartelizadas. El control de los funcionarios era limitado, excepto en casos donde había adelantos financieros, que podían ser del 10% o 20% del total de la obra, y que se exigían en entregas únicas o en cuotas.
Durante la audiencia, se leyeron primero los cohechos activos, correspondientes a los sobornos pagados por los empresarios, y luego los cohechos pasivos, que son las coimas recibidas por funcionarios públicos. En el expediente se repite en numerosas páginas que Cristina Fernández, Julio De Vido y José Francisco López intervinieron como coautores en la recepción de dinero entregado a Ernesto Clarens como intermediario, procedente de diferentes empresarios.
El objetivo de estos sobornos era que los funcionarios hicieran o dejaran de hacer acciones relacionadas con sus funciones en beneficio de las empresas involucradas. A Cristina Kirchner se le atribuyen, en este caso, 191 hechos de cohecho pasivo, igual que a De Vido y López.
