El Gobierno nacional anunció este jueves una reestructuración significativa en el sistema cultural del país, que incluye la desaparición de cinco instituciones históricas y la reconversión de diez organismos en unidades administrativas dependientes de la Secretaría de Cultura.
Una de las decisiones más polémicas es el cierre del Instituto Nacional del Teatro, un ente que durante décadas apoyó y financió el desarrollo del teatro en distintas regiones. Este cambio coloca al instituto bajo un nuevo marco administrativo, lo que provoca un fuerte rechazo por parte de actores del sector cultural, quienes consideran que esto representa un debilitamiento institucional sin precedentes.
Los decretos 346/2025 y 345/2025, publicados en el Boletín Oficial, justifican estas medidas argumentando la necesidad de "reducir estructuras" y "optimizar recursos públicos". El decreto 346/2025, por ejemplo, establece la eliminación de varios institutos, entre ellos el Instituto Nacional Browniano y el Instituto Nacional Newberiano, así como la Comisión Permanente Nacional de Homenaje al Teniente General Juan Domingo Perón.
Además de la disolución del Instituto Nacional del Teatro, otras entidades como el Museo Nacional de Bellas Artes y el Parque Tecnópolis del Bicentenario dejarán de ser entidades independientes y se integran como unidades internas bajo la Secretaría de Cultura.
Uno de los fundamentos citados en el decreto se basa en un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que menciona debilidades en el control interno y una pobre rendición de cuentas de subsidios durante la pandemia.
Sin embargo, los actores teatrales advierten que esta medida podría desmantelar el apoyo que se ha brindado a los elencos independientes y a la producción escénica a nivel federal. Por otro lado, la reestructuración incluye la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeneano con el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, creando una nueva entidad dedicada a la investigación y la difusión de figuras históricas importantes del país.
Las reformas también contemplan la creación de consejos asesores ad honorem, que tendrán funciones consultivas en áreas de teatro y bibliotecas populares, y cuya opinión será vinculante en cuestiones de monumentos y bienes históricos, especialmente en decisiones que impacten la preservación de lugares históricos.
Finalmente, se establece que el personal, los bienes y los espacios físicos de las organizaciones que han sido disueltas o transformadas serán redistribuidos dentro de la misma jurisdicción, mientras que las autoridades deberán presentar una propuesta formal en las próximas semanas para definir cómo se llevarán a cabo estas nuevas funciones.
