El Gobierno argentino realizó una presentación judicial ante una corte estadounidense del distrito de Columbia para tratar de evitar desembolsar US$1800 millones y, mediante ese pedido, busca evitar que la Justicia norteamericana reconozca la sentencia dictada en Londres.
Esa suma millonaria que podría pagar nuestro país se enmarca dentro de la causa conocida como Cupón PBI, donde se emitieron bonos de reestructuración de deuda de los años 2005 y 2010 y que prometían pagos adicionales si la economía de nuestro país superaba determinados niveles de crecimiento. A pesar de eso, el Instituto Nacional de Estadísticas y censos (Indec) modificó el cálculo del PBI que se usaba desde 1993 a otro más moderno y eso modificó las estadísticas oficiales de años anteriores, incluido 2013.
La conclusión a la que llegó la Justicia de Londres
Sin embargo, los tenedores de bonos demandaron a nuestro país y, en el caso particular de Inglaterra, la sentencia de la Justicia londinense es por el pago de la versión en euros, que ya no puede ser apelada por el Gobierno, ya que comprobó que la manipulación de las estadísticas que publicaba el organismo se llevaba a cabo para mantenerlo por debajo de los porcentajes que debían pagar intereses en el año 2013.
Palladian Partners, uno de los fondos que se encuentra litigando contra la Argentina busca que la Justicia de Estados Unidos le dé el visto bueno a la sentencia emitida por la justicia inglesa y, si logra su cometido, podría comenzar a buscar activos embargables en ese país para lograr que se ejecute el pago.
Vale recordar que el Fondo Monetario Internacional (FMI) se pronunció sobre el conflicto y detalló que “se deben continuar los esfuerzos de buena fe para asegurar un acuerdo rápido sobre las condiciones de reembolso de la sentencia de Londres" que es por 1600 millones de euros“. Sin embargo, los abogados de los fondos buitre cruzaron al organismo de crédito y negaron la existencia de negociaciones con la República Argentina.



