El presidente Javier Milei fue formalmente denunciado ante la Justicia por "abuso de autoridad" y "violación a la independencia de poderes" tras sus declaraciones televisivas, donde afirmó ser "el primer presidente que tomó la decisión de que Cristina Kirchner vaya presa".
La denuncia fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón, uno de los letrados de la exmandataria. El abogado sostiene que la frase del Presidente no es una opinión política, sino la "admisión de un acto de poder ilegal" que lo coloca abiertamente por encima del Poder Judicial.
“Una decisión manifiestamente contraria al orden Constitucional”
Dalbón argumentó en su presentación que las palabras de Milei configuran una violación explícita de la Constitución Nacional, específicamente del artículo 109, que prohíbe al Poder Ejecutivo ejercer funciones judiciales.
"Esa frase no es una opinión política: es la admisión de un acto de poder ilegal, una decisión manifiestamente contraria al orden constitucional y a la independencia del Poder Judicial. Al atribuirse la facultad de decidir quién va preso, el Presidente se coloca por encima de los jueces, violando el artículo 109 de la Constitución Nacional y configurando una forma explícita de abuso de autoridad", explicó Dalbón.
La denuncia se centra en el hecho de que el Presidente se atribuyó la potestad de determinar la libertad o encarcelamiento de un ciudadano, algo que es facultad exclusiva de los jueces. Además del argumento constitucional, el abogado de la vicepresidenta apuntó a las implicancias políticas de la declaración, ligando los dichos de Milei a las denuncias de persecución política. "Cuando Milei dice que él metió presa a Cristina, confiesa algo gravísimo: que el lawfare existió, que la persecución fue política, y que él la avala", aseguró Dalbón.
La denuncia busca que la Justicia investigue si las acciones o dichos del Presidente incurren en el delito de abuso de autoridad y si representan una injerencia indebida en el Poder Judicial, abriendo un nuevo frente legal de alto voltaje político para el Gobierno.