Este jueves, el Senado se prepara para un nuevo capítulo de tensión entre el Gobierno nacional y los mandatarios provinciales. Un grupo de gobernadores intentará avanzar con un proyecto que impulsa la coparticipación de dos fuentes clave de financiamiento: los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). La iniciativa generó un rechazo frontal por parte de la administración de Javier Milei, que acusa a las provincias de querer “destruir al gobierno nacional”.
Desde Casa Rosada, el presidente redobló la apuesta con declaraciones duras, mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, advirtió que el paquete de leyes que busca aprobar el Congreso representa un golpe fiscal de 2,5% del PBI. La cifra incluye también el impacto de los proyectos de aumento para jubilados y financiamiento de universidades. Para Caputo, semejante carga pone en jaque el objetivo central del Gobierno: lograr un superávit del 1,6% este año.
Qué propone el proyecto de los gobernadores
La iniciativa que busca debatirse en el Senado no solo apunta a modificar el destino de los ATN y del ICL, sino que propone la eliminación de dos fideicomisos creados en 2001, el de Infraestructura de Transporte y el de Infraestructura Hídrica, para reemplazarlos por un nuevo esquema de reparto.
Los fondos, según explican sus impulsores, se destinarían a nutrir el Fondo Argentino de Desarrollo Regional (FADER), un instrumento pensado para equilibrar las desigualdades territoriales y promover el crecimiento en regiones históricamente postergadas. Además, el proyecto establece una nueva distribución: 58,36% de los fondos serían coparticipados entre las provincias, 28,69% se destinarían a la Seguridad Social, 10,40% quedarían en manos del Tesoro Nacional y un 2,55% iría al sistema de transporte público.
Los gobernadores sostienen que se trata de recursos que ya pertenecen a las provincias y que solo están siendo administrados de forma discrecional por el Estado nacional. Argumentan que la propuesta no pone en riesgo el equilibrio fiscal y que incluso podría contribuir a una futura reforma de la ley de Coparticipación Federal de Impuestos.
Los ATN, bajo la lupa
Los Aportes del Tesoro Nacional son una herramienta clave para asistir financieramente a las provincias. Se componen de una porción de la masa coparticipable y de recursos derivados de impuestos como Ganancias y Bienes Personales. A diferencia de las transferencias automáticas, su asignación depende de criterios discrecionales y está en manos del Ministerio del Interior.
Para 2025, el presupuesto destinado a los ATN es de $278 mil millones. Sin embargo, solo se ejecutó el 30%, es decir, $84 mil millones. Las provincias que más fondos recibieron fueron Buenos Aires ($10 mil millones), Chubut, Neuquén y Salta, entre otras. En algunos casos, como el de Neuquén, se repitieron transferencias por montos similares en diferentes momentos del año, lo que generó sospechas sobre los criterios de distribución.
El Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) también está en el centro del conflicto. Se trata de un tributo fijo por litro de nafta y gasoil, complementado por el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC). Ambos deberían actualizarse cada tres meses según la inflación, pero estuvieron congelados entre 2021 y principios de 2024. Este año, el Gobierno retomó los ajustes de manera escalonada, lo que impulsó la recaudación.
En el primer semestre de 2025, el ICL generó ingresos por más de $2 billones, un 170% más que en el mismo período del año anterior. Solo en junio, se recaudaron casi $396 mil millones. Sin embargo, gran parte de esos recursos son destinados a fideicomisos y fondos específicos, entre ellos los mismos que los gobernadores quieren eliminar o redirigir hacia coparticipación.
Actualmente, la ley establece que solo el 10,40% del ICL va directamente a las provincias. El resto se reparte entre Vivienda, Seguridad Social, Transporte y fideicomisos viales. Parte de esos fondos también se usan para subsidios al transporte automotor y ferroviario, tanto en el AMBA como en el interior del país.
Un nuevo conflicto de poder
El avance del proyecto provincial plantea un nuevo escenario de disputa entre Nación y provincias. La propuesta expone una puja por el control de recursos y por el diseño del federalismo fiscal. Mientras los gobernadores piden mayor equidad en el reparto, el Ejecutivo ve en esta maniobra un intento de socavar su plan económico.
“Se quieren llevar puestos al gobierno nacional”, lanzó Milei esta semana, endureciendo su discurso contra los mandatarios provinciales, durante una entrevista en el programa “El Observador” de Luis Majul. En paralelo, el oficialismo busca bloquear el debate parlamentario y evitar un nuevo traspié legislativo como el que sufrió con la ley ómnibus o la ley Bases.
