Tras la masiva Marcha Federal Universitaria que colmó las calles el pasado miércoles, el Poder Ejecutivo mantuvo firme su postura sobre el equilibrio fiscal. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, aseguró en radio Mitre que, independientemente de si se movilizan "cien mil o cinco millones de personas", la realidad de la restricción presupuestaria permanece inalterable al día siguiente.

El funcionario fundamentó que el financiamiento no depende de la presión social, sino de la legislación y las partidas ya asignadas. En ese sentido, calificó a la Ley de Financiamiento como un instrumento que "nació muerto", argumentando que viola principios básicos al no especificar el origen de los fondos, lo que obliga a su suspensión inmediata según la normativa vigente.

Críticas a la "estratificación" política y académica

Desde la Casa Rosada apuntaron contra la organización de la protesta, afirmando que fue una movida motorizada por la oposición. Álvarez fue especialmente crítico con las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), a quienes definió como "políticos profesionales".

Además, el subsecretario denunció distorsiones en el uso de los fondos públicos:

• Estructuras políticas: Afirmó que parte del presupuesto se desvía al pago de salarios de cargos políticos en lugar de a la formación académica.

• Carreras con baja demanda: Ejemplificó casos de licenciaturas con solo uno o dos alumnos y múltiples docentes, como en música o filosofía, señalando que existe una fuerte resistencia interna para trasladar esos recursos a áreas estratégicas como ingeniería.

• Disparidad de costos: Reveló que mientras un ingeniero de la UTN le cuesta al Estado 50 millones de pesos, un egresado de la Universidad Nacional de las Artes demanda una inversión de 423 millones.

El debate por el ingreso y los extranjeros

En el centro de la discusión también se ubicó el modelo de acceso a la educación superior. El Gobierno planteó la necesidad de revisar el ingreso irrestricto, sugiriendo que la gratuidad absoluta requiere un financiamiento que hoy el Estado no puede garantizar.

Álvarez propuso revalorizar el esfuerzo académico mediante sistemas de admisión más selectivos o exámenes obligatorios. Asimismo, cuestionó la política hacia los estudiantes extranjeros:

• Arancelamiento: Recordó que las universidades ya están facultadas para cobrarles, pero deciden no hacerlo.

• Fuga de capital educativo: Criticó a quienes cursan en Argentina y luego regresan a sus países sin haber habitado de forma permanente el suelo nacional, utilizando la expresión "parasitar" para referirse a quienes no retribuyen la inversión social realizada en su formación.

Finalmente, el subsecretario reafirmó que las políticas públicas las definen quienes fueron elegidos democráticamente y no "quien junta más gente" en una plaza.