El gobierno de Córdoba compró Sildenafil, más conocido por su nombre comercial Viagra, para reclusos del Servicio Penitenciario, denunció el vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia, Beltrán Corvalán, quien calificó la situación como "escandalosa".
La acusación utilizó como prueba una factura oficial correspondiente a abril de 2024, en la que también figuran cremas humectantes, shampoo anticaspa, anticonceptivos y otros insumos médicos.
Corvalán, representante del Frente Cívico en el organismo de control, difundió la denuncia a través de medios y redes sociales, y cuestionó el destino de fondos públicos para estos productos.
"Lo vemos con estupor, con asombro", expresó el dirigente a medios cordobeses. El Gobierno provincial aclaró que la compra del medicamento fue realizada por indicación médica y no con fines recreativos.
En su cuenta de X Corvalán agregó: "Parece que en el Gobierno de Córdoba, algunos entendieron mal eso de que ‘Córdoba no para’ y mandaron a comprar Magnus (popularmente conocido como viagra) para la disfunción erectil. No es joda, es escandaloso !!!!!".
"Lo estamos investigando, la verdad que esto es escandaloso, esto no puede suceder, que con la plata nuestra, la plata de todos los contribuyentes", finalizó
Ariel Salari, jefe del Departamento de Sanidad del Servicio Penitenciario, explicó que el Sildenafil se utiliza para tratar cuadros de hipertensión pulmonar en pacientes privados de la libertad. "Es una droga indicada en tratamientos crónicos, prescrita por médicos de hospitales externos", sostuvo.
La controversia despertó un nuevo debate sobre el uso de recursos estatales en el sistema carcelario y el acceso a tratamientos médicos complejos por parte de la población penitenciaria.
No obstante, el oficialismo remarcó que el suministro de medicamentos responde a obligaciones constitucionales de garantizar el derecho a la salud, incluso en contextos de encierro.
