Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Homero Giles, presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), fueron denunciados por un concejal electo de Esteban Echeverría, Marcelo Mazzeo, integrante de La Libertad Avanza. La denuncia fue presentada ante la Justicia Federal de La Plata y apunta a investigar presuntos delitos que incluyen administración fraudulenta agravada, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.
Según la acusación, el IOMA atraviesa un colapso sanitario y desfinanciamiento que afecta el derecho a la salud de sus afiliados. Mazzeo sostiene que la crisis supera problemas administrativos y se traduce en una violación sistemática de derechos, citando denuncias reiteradas de las entidades médicas Femeba, Fenecon y Fremebo por falta de pago de honorarios, demoras mayores a 90 días, aranceles desactualizados y suspensión de tratamientos.
La denuncia también señala que el IOMA ha mostrado una “inacción” frente a miles de afiliados que no pueden acceder a tratamientos oncológicos, prótesis o medicación crónica, calificando esta situación como un “incumplimiento funcional doloso”. Además, se afirma que la obra social es víctima de una “captura política y vaciamiento institucional” por parte del kirchnerismo, y que su uso como instrumento político representa un fraude a la administración pública.
Homero Giles, médico vinculado a La Cámpora y actual titular del IOMA, ha sido objeto de cuestionamientos durante años. Legisladores de distintos partidos, como Maricel Etchecoin, Luciano Bugallo, Romina Braga, Fernando Rovello y Ariel Bordaisco, han reclamado su presencia en la Legislatura para explicar la situación, pero Giles no ha respondido a esos pedidos formales, lo que la denuncia considera una conducta de insubordinación institucional.
Mazzeo también denunció una “afiliación compulsiva y extorsión institucional” en el IOMA, donde empleados municipales y provinciales son inscritos sin consentimiento, bajo amenaza de perder cobertura o acceso a prestaciones médicas, lo que se califica como un abuso de poder.
Otro punto cuestionado es la existencia de una intermediación privada irregular a través de la Asociación Civil de Establecimientos Ambulatorios y Policonsultorios Privados, que actúa entre el IOMA y los prestadores médicos. Esta asociación, liderada por Silvina Fontana, quien también dirige RM Salud SRL, recibe fondos públicos para financiar policonsultorios de su propia empresa, lo que genera un conflicto de intereses y un esquema de intermediación ilícita.
En su calidad de máxima autoridad del Poder Ejecutivo bonaerense, Kicillof tiene la obligación legal y constitucional de supervisar y corregir irregularidades en organismos como el IOMA. La denuncia sostiene que su reiterada omisión configura responsabilidad penal por omisión funcional y responsabilidad política agravada. Además, se solicitaron allanamientos en el IOMA y en el Ministerio de Salud, a cargo de Nicolás Kreplak.
El denunciante también pidió que, en caso de que la causa recayera en el Juzgado Federal de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak, hermano del ministro de Salud, se disponga su recusación para evitar conflictos de interés.
Desde el gobierno provincial indicaron que no han recibido notificación formal sobre la denuncia y consideraron que las acusaciones contienen supuestos de carácter político y genéricos, sin basarse en hechos concretos. Además, afirmaron que algunos planteos deberían ser descartados conforme a la ley que regula el IOMA.
Tras la presentación, la denuncia fue remitida a fiscalía para determinar si la Justicia Federal corresponde intervenir en el caso.
