La Justicia de Neuquén avanzó con un embargo de 121.849.220 pesos sobre los bienes de Gloria Ruíz, ex vicegobernadora destituida en agosto de 2025 por la Legislatura provincial. La medida responde a las acusaciones por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta agravada que enfrenta la exfuncionaria, en el marco de una causa judicial impulsada por el Ministerio Público Fiscal.
El fiscal de Delitos Económicos, Juan Narváez, explicó que el embargo incluye la inmovilización de cinco cuentas bancarias, la vivienda familiar de Ruíz en Plottier y una camioneta Toyota SW4 valuada en 76.837.220 pesos. Estas acciones buscan “garantizar posibles reparaciones patrimoniales ante el perjuicio económico” atribuido a la exvicegobernadora, según detalló el fiscal.
El embargo fue ratificado por unanimidad por el tribunal de revisión integrado por los jueces Juan Kees, Marco Lúpica Cristo y la jueza Carolina García, luego de rechazar los planteos de la defensa. Narváez subrayó que el monto embargado corresponde al valor histórico del daño económico causado por los hechos investigados.
Respecto a la vivienda, cuya tasación oficial aún está pendiente, también fue dispuesta su retención junto con la afectación de las cuentas bancarias. Dos de estas cuentas corresponden al pago de haberes y solo se afecta hasta un 20% de cada una. La camioneta permanece bajo custodia judicial, a la espera de una resolución sobre un pedido de restitución presentado por los abogados de Ruíz.
La dimensión de la causa
El proceso judicial no solo involucra a Gloria Ruíz. María Isabel Ricchini, exsecretaria de Cámara de la Legislatura y señalada como coautora de administración fraudulenta, también afronta un embargo por 90.494.688,05 pesos. Según la fiscalía, Ricchini habría desempeñado un rol clave en el esquema fraudulento investigado.
Además, la causa se amplió contra Pablo Ruiz, hermano de la exvicegobernadora y excoordinador de Casa de las Leyes, y contra la exprosecretaria administrativa Élida Noemí Sánchez. La fiscalía acusa a Pablo Ruiz de promover contrataciones irregulares por más de 45 millones de pesos en perjuicio del Estado, con la colaboración de Ricchini y Sánchez, y señala que estas maniobras se realizaron fuera de los procedimientos legales establecidos.
El juez de garantías Lucas Yancarelli confirmó las imputaciones y ordenó que la investigación continúe durante cuatro meses más, rechazando la declaración del caso como complejo solicitada por la fiscalía. También impuso una inhibición general de bienes por diez meses para Ruíz, Ricchini y Sánchez, sumándose a la ya vigente para Pablo Ruiz.
La fiscalía fundamenta la imputación en la incapacidad de Gloria Ruíz para justificar el incremento patrimonial registrado tras su asunción, pese a las explicaciones presentadas que incluyeron venta de vehículos, préstamos y pagos con tarjeta de crédito. Narváez calificó el enriquecimiento ilícito denunciado como “de gran magnitud” y señaló que no se condice con los ingresos legales de la exvicegobernadora.
Las audiencias para discutir las medidas cautelares han estado marcadas por fuertes enfrentamientos entre el fiscal y la defensa, según testimonios recogidos durante el proceso. Por ahora, los querellantes sostienen que las medidas buscan asegurar fondos para posibles decomisos y reparaciones futuras ante una eventual condena.
