Un grave caso de corrupción sacudió a la Gendarmería Nacional en Córdoba, donde 23 agentes fueron detenidos bajo sospecha de integrar una red que exigía coimas a camioneros para permitirles circular por rutas provinciales sin sanciones.

La investigación comenzó en febrero de 2025, liderada por la Fiscalía Federal de Río Cuarto a cargo de Rodolfo Cabanillas, a raíz de la denuncia de un conductor. El foco inicial estuvo en el puesto vial de Sampacho, ubicado sobre la Ruta 8, pero el alcance del caso se extendió a otras localidades cordobesas y provincias como Santa Fe, Catamarca y Salta.

Según la causa, los gendarmes detenían a los camioneros por supuestas irregularidades en su documentación y les exigían pagos que oscilaban entre $50.000 y $600.000 para dejarlos continuar su viaje sin multas ni retenciones. Estos pagos se realizaban en efectivo o mediante transferencias a cuentas de terceros, que funcionaban como "testaferros" dentro del esquema de corrupción.

El entramado habría comenzado a operar a mediados de 2024, con una estructura interna que no solo coordinaba la recaudación ilegal, sino que también manipulaba los turnos de los agentes para alternar la distribución del dinero.

La avanzada judicial incluyó 20 allanamientos simultáneos en Sampacho, Holmberg y otros puntos de Córdoba, además de intervenciones en provincias vecinas. Inicialmente, el juez federal Carlos Ochoa ordenó la detención de 14 gendarmes, pero esta cifra aumentó a 23 tras nuevas denuncias.

Entre los arrestados figura la jefa de seccional Analía Galian. De los 23 implicados, 13 están alojados en la cárcel de Bouwer, mientras que el resto cumple prisión domiciliaria.

La Justicia investiga a los gendarmes por delitos de asociación ilícita, extracciones ilegales y abuso de autoridad, y no descarta que se presenten nuevas imputaciones y modificaciones internas en la fuerza en los próximos días.