La campaña legislativa de La Libertad Avanza en Río Negro quedó envuelta en una crisis política de alto impacto tras la aparición de documentos oficiales que comprometen a la diputada nacional y candidata a senadora Lorena Villaverde. Según registros judiciales de Estados Unidos, Villaverde fue detenida en Miami en 2002 por la presunta compra de un kilo de cocaína a cambio de 17 mil dólares. La causa derivó en una prohibición de ingreso al país norteamericano que continúa vigente.
La revelación, que se conoció esta semana, generó un fuerte cimbronazo en el oficialismo, donde ya se analizan medidas institucionales para contener el daño. Fuentes cercanas al Gobierno confirmaron al medio Clarín que se evalúa pedirle la renuncia a Villaverde, luego de que se comprobara que ocultó su detención y negó tener antecedentes penales en sus declaraciones juradas. La diputada preside actualmente la Comisión de Energía en la Cámara Baja y se ha negado a hablar públicamente sobre el tema.
La transparencia
El caso se suma a una serie de episodios que han puesto en jaque la narrativa de transparencia que el oficialismo intenta sostener. La renuncia de José Luis Espert, tras ser vinculado al presunto empresario narco Fred Machado, ya había encendido alarmas internas. Ahora, con Villaverde en el centro de una causa internacional por narcotráfico, la oposición exige su expulsión del Congreso y su exclusión inmediata de la lista de senadores.
Desde el entorno libertario admiten que el escándalo perjudica la campaña y complica la estrategia de consolidación territorial en provincias clave. “Es un golpe inesperado, y nos obliga a revisar los mecanismos de selección de candidatos”, reconoció un dirigente del espacio bajo condición de anonimato al medio Clarín.
La oposición, por su parte, presentó un pedido formal para que se investigue la situación judicial de Villaverde y se active el protocolo de remoción legislativa. “No se puede permitir que una persona con antecedentes por narcotráfico represente a la ciudadanía en el Congreso”, señalaron desde Fuerza Patria.
El impacto político del caso trasciende Río Negro. En Balcarce 50 temen que la situación se proyecte sobre otros distritos y erosione el capital simbólico de La Libertad Avanza en plena campaña. La Casa Rosada ya inició consultas con asesores legales y constitucionales para definir los pasos a seguir.
Mientras tanto, Villaverde permanece en silencio. No ha emitido declaraciones ni respondido a los pedidos de explicaciones de sus pares. Su entorno asegura que “no hay nada que ocultar”, pero evita confirmar o desmentir la veracidad de los documentos estadounidenses.
El episodio vuelve a poner en discusión la falta de controles sobre los antecedentes de los candidatos, y abre un debate sobre la responsabilidad institucional de los partidos políticos en la selección de sus representantes. En un contexto de alta sensibilidad social frente al narcotráfico y la inseguridad, el caso Villaverde podría convertirse en un punto de inflexión para la política argentina.
La campaña entra en su tramo final con un escenario convulsionado. El oficialismo busca contener la crisis, mientras la oposición capitaliza el escándalo para reforzar su discurso de ética pública. En el centro de la tormenta, una diputada que hasta hace días era desconocida para gran parte del electorado, hoy se convierte en símbolo de una controversia que amenaza con alterar el tablero político.
