Argentina sufrió un gran golpe en la causa por la expropiación de YPF, ocurrida en 2012, luego de que la jueza de Nueva York Loretta Preska rechazara el pedido de los abogados que representan a nuestro país para que se suspenda la sentencia que ordena transferir el 51% de las acciones de la compañía petrolera al fondo buitre Burford.
En el escrito donde Preska hace lugar al rechazo, aseguró que “la República (Argentina) alega que se producirá un daño irreparable si el Tribunal no suspende su Orden de Turnover, pero cualquier supuesto daño se deriva directamente de las propias acciones de la República al retrasar e intentar eludir sus obligaciones en virtud de la sentencia". Es decir, acusa a la Argentina de dilatar el cumplimiento de la decisión tomada por la justicia norteamericana.
Cómo será la estrategia argentina de ahora en adelante
A pesar de lo dictado por la magistrada, por un lado, los abogados de nuestro país anunciaron que seguirán realizando presentaciones y, adelantaron que, en caso de ser necesario, irán hasta la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos para solicitar una revisión de la sentencia.
En tanto, en el Congreso de la Nación encendieron todas las alarmas y desde la oposición comenzaron a trabajar en proyectos que ratifiquen que las acciones de YPF no se puedan tocar sin una autorización del parlamento.
Por otra parte, existen otros argumentos de los que se pueden agarrar los defensores de los intereses argentinos. Por un lado, consideran que el fallo de Preska que obliga a Argentina a entregar acciones de YPF viola la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras y principios de cortesía internacional, además del derecho federal norteamericano.
A pesar del fallo adverso, el Gobierno argentino seguirá delineando estrategias para evitar tener que pagar u$s16.000 millones con presencia en los tribunales estadounidenses y el apoyo de las dos cámaras del Congreso de la Nación.
