El Ministerio de Economía de la Nación aceleró su programa de flexibilización y simplificación administrativa para el sector productivo y de servicios. Mediante un nuevo set de medidas de corte desregulador, el Poder Ejecutivo formalizó la eliminación de 58 normativas e instrumentos de control comercial e industrial que consideraba obsoletos, redundantes o carentes de aplicabilidad en el actual esquema económico. Con este paso, el total de regulaciones dadas de baja desde el inicio de la gestión libertaria asciende a un acumulado de 240 disposiciones.

El bloque de medidas de simplificación burocrática quedó ratificado este martes con la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 12 de la Secretaría de Industria y Comercio, en conjunto con la Disposición 534. El espectro de las herramientas legales derogadas abarca decisiones tomadas por administraciones anteriores en una ventana temporal que se extiende desde el año 2006 hasta el 2025.

Según los considerandos de la normativa, la intervención oficial se fundamentó en la necesidad de ordenar el digesto jurídico del Estado. El Palacio de Hacienda argumentó que las leyes y decretos de origen "han perdido su objeto y aplicabilidad", obstaculizando el libre funcionamiento de la competencia, la transparencia de las transacciones y la desburocratización de los procesos corporativos.

Fin de época: el desguace normativo de los controles de precios

La mayor parte del paquete desregulador apunta directamente a desactivar la arquitectura jurídica de los programas de intervención de precios y fomento al consumo de las últimas dos décadas. Las bajas más significativas se estructuran bajo el siguiente desglose sectorial:

• Controles y abastecimiento: Se dejó sin efecto la Resolución 355/2022 (con sus 19 normativas modificatorias), una de las piedras angulares que utilizaba la entonces Secretaría de Comercio Interior para fiscalizar y fijar valores de góndola en productos de la canasta básica.

• El mercado del trigo: Quedaron formalmente extinguidas las resoluciones 426/2022 y 296/2020, las cuales daban sustento operativo al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), un polémico fideicomiso estatal enfocado en subsidiar la harina de trigo para contener los precios del pan.

• Planes de financiamiento: El Ejecutivo anuló un bloque de 30 disposiciones técnico-operativas ligadas a los programas de financiamiento en cuotas fijas Ahora 12 y su sucesor, Cuota Simple, incluyendo las resoluciones 753/2021, 56/2022 y 142/2022.

• Precios Cuidados: Se derogó la Resolución 43/2022, una de las últimas herramientas normativas remanentes que complementaban el andamiaje del programa de precios de referencia.

Colegios privados y reclamos de menores de edad

La ofensiva desreguladora también impactó de lleno en los esquemas de aranceles de la educación de gestión privada y en los canales de atención a usuarios. Por un lado, la Secretaría de Industria y Comercio anuló la Resolución 368/2025, una normativa de data reciente que imponía a los establecimientos educativos privados de todo el país la obligación de tramitar una autorización ante dependencias estatales antes de aplicar cualquier reajuste en el valor de sus cuotas mensuales.

Por otra parte, la Disposición 534 sepultó la vigencia de la antigua resolución 137/2024, la cual establecía una ventanilla y un procedimiento diferenciado para que los consumidores de entre 13 y 17 años pudieran asentar reclamos administrativos de manera autónoma ante dependencias oficiales de Defensa del Consumidor. Desde la óptica del gabinete económico, dicha normativa generaba una duplicación innecesaria de estructuras y mecanismos de atención y mediación que ya se encuentran cubiertos por los canales generales de protección ciudadana.