La Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), organismo que desde principios de 2025 preside Claudio “Chiqui” Tapia, se negó a brindar información sobre los sueldos de sus directores y las contrataciones realizadas durante su gestión, pese a que se trata de una sociedad del Estado que recibe fondos públicos y cuyos integrantes son funcionarios públicos obligados a presentar declaración jurada de ingresos.
La respuesta llegó tras un pedido de acceso a información pública realizado por Clarín en ambas jurisdicciones que integran el organismo: la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires . Mientras el gobierno de Axel Kicillof no respondió, la Ciudad sí lo hizo el mismo día en que vencía el plazo, pero la nota del CEAMSE terminó generando más preguntas que respuestas.
Los pedidos centrales
Uno de los pedidos centrales era la entrega de copias de los últimos dos recibos de sueldo de las personas que integran el directorio y la comisión fiscalizadora. El organismo argumentó que esos documentos “a todas las luces podrían ocasionar un peligro para la seguridad” de los involucrados, porque en ellos figuran datos bancarios. Sin embargo, ese planteo resulta llamativo: Tapia y el resto de los directivos son funcionarios públicos y ya declararon sus ingresos en sus declaraciones juradas de bienes, a las que el medio había accedido meses atrás. En la de Tapia, por ejemplo, figura que percibe unos 8 millones de pesos mensuales por su cargo en la entidad.
El pedido también incluía el listado de empleados en actividad , con fecha de ingreso y carga actual, y la lista de contrataciones de proveedores en 2025, con los montos abonados en cada caso. La solicitud se motivó en versiones sobre presuntas contrataciones de personas vinculadas a clubes del ascenso durante la gestión de Tapia, como el vicepresidente de Villa Dálmine, Jorge Milano, y el dirigente de San Telmo Fabián Lovato, además de Matías Tapia, hijo del titular de la AFA, y uno de sus sobrinos.
El CEAMSE respondió que es una “persona jurídica de carácter privado y no de derecho público”, amparándose en el Código Civil y Comercial y la Ley General de Sociedades, y en normas de protección de datos personales y derecho laboral. También citó el artículo 6 de la Ley 104 de la Ciudad, que exime de dar información cuando “afecta a la intimidad de las personas”, y alegó razones de confidencialidad contractual para no revelar datos sobre proveedores.
A pesar de esa reticencia, el organismo sí informó quiénes integran el directorio y la comisión fiscalizadora: en el primero figuran Claudio Fabián Tapia (presidente, designado por Kicillof), Ezequiel Edgardo Jarvis (vice, por la Ciudad) y Francisco Mario Cupelli (director); en la comisión fiscalizadora aparecen Alejandro Ameijenda , Víctor Bambill y Francisco Capozzolo . El resto de la información, en cambio, sigue sin ser accesible, en un organismo que maneja millas de millones de pesos al año y cuya transparencia hoy es objeto de fuerte cuestionamiento.
