En una jornada que mezcló bronca, acusaciones y gestos de solidaridad, la oposición se juntó por su cuenta en la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados. ¿El motivo? El pedido del Gobierno a la Justicia para allanar el canal de streaming Carnaval y avanzar contra los periodistas que difundieron los polémicos audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde se describe un presunto mecanismo de corrupción con subsidios.
La reunión no tenía carácter formal, no hubo dictamen posible, pero sí buscó dejar una foto y un mensaje político. El encargado de abrir el encuentro fue Christian Castillo, vicepresidente de la comisión, que cargó contra el oficialismo: “Hace un año que la diputada Emilia Orozco no convoca a esta comisión. Es parte del modus operandi del Gobierno”.
Rial, desafiante
El plato fuerte vino con la palabra de Jorge Rial. El periodista, apuntado por la Casa Rosada, denunció una persecución y adelantó que no piensa callarse: “Mañana vamos a mostrar más pruebas. Lo que los pone nerviosos no son los audios, sino la documentación. Había una especie de ruleta: cuanto más recorte de subsidios a discapacitados hacían los empleados, más plata recibían”.
Rial fue más allá y enmarcó la situación como un tema de libertades: “Si nos tumban a nosotros, se llevan puestas todas las libertades. Esto es un punto de quiebre”. Además agradeció el respaldo de la oposición y defendió la labor de la prensa local: “No quiero volver a escuchar Radio Colonia como en los 70. Quiero enterarme por medios argentinos”.
Otro que habló fue Mauro Federico, quien buscó despegarse de cualquier operación de inteligencia: “No tengo contacto con ningún servicio bolivariano. Y al único ruso que conozco es Ricardo Zielinski, cuando dirigía Racing”, lanzó entre risas.
También desmintió tener lazos con Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano y mencionado por el Gobierno como responsable de filtraciones. Y aprovechó para reconocer el apoyo de Rial: “Nosotros investigamos con la espalda de este tipo, que se bancó todas las presiones. Nunca negociamos una información porque no vendemos silencio. Somos laburantes, y eso molesta”.
La Justicia toma nota
Mientras en Diputados sonaban discursos encendidos, la Justicia también se movía. El fiscal federal Carlos Stornelli pidió abrir una investigación sobre la denuncia oficial de una presunta red de espionaje ilegal que habría grabado conversaciones privadas de funcionarios, incluida Karina Milei, la hermana del Presidente.
Sin embargo, Stornelli puso un límite tajante: “No se podrá investigar las fuentes periodísticas, por mandato constitucional. Después, cada periodista decidirá si aporta o no datos voluntariamente”. Lo que arrancó como un debate técnico sobre audios filtrados ya es un conflicto político de alto voltaje. El Gobierno busca instalar la idea de una operación ilegal, la oposición defiende la libertad de expresión y los periodistas prometen más revelaciones.
