El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de las universidades públicas, expresó su rechazo al proyecto de presupuesto 2026 presentado por el presidente. Según el organismo, la propuesta oficial no incluye las reales demandas del sector universitario y científico.
En un comunicado difundido el lunes, el CIN señaló que “el mensaje emitido por el presidente Javier Milei sobre el proyecto de presupuesto 2026 es una iniciativa sin novedades que consolida el ajuste sobre el sistema universitario”.
El Gobierno anunció que las universidades recibirán $4,8 billones para el año próximo. Sin embargo, desde el CIN explicaron que esta cifra solo corresponde a anualizar lo asignado a diciembre de 2025, y está muy por debajo de los $7,3 billones que se consideran necesarios para el funcionamiento adecuado del sistema.
La entidad advirtió que, en términos prácticos, el presupuesto para 2026 es prácticamente igual al de 2025, un año que fue considerado crítico para el sector. Por ello, sostienen que la propuesta oficial “consolida la pérdida y profundiza el ajuste sobre el sistema universitario y científico”.
Finalmente, el Consejo puso sus expectativas en el debate parlamentario. “La expectativa que tenemos descansa en el Congreso de la Nación, para sostener en la sesión de este miércoles la Ley de Financiamiento Universitario y para aprobar, luego, un presupuesto 2026 razonable que evite que la pronunciada caída siga profundizándose”, concluyó el comunicado.
La universidad se prepara para marchar
Mientras tanto, las autoridades máximas del Consejo Interuniversitario Nacional, el presidente Oscar Alpa y el vicepresidente Franco Bartolacci, dialogaron con los profesionales del Hospital Garrahan sobre la tercera Marcha Federal Universitaria que llevarán a cabo, de manera conjunta, el próximo miércoles 17.
La confirmación de esta nueva movilización tuvo lugar en el encuentro que mantuvieron el viernes pasado, donde acordaron manifestarse el mismo día en que que la Cámara de Diputados trate los vetos a las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario, ambas normas anuladas por el Ejecutivo Nacional.
