El diputado nacional Esteban Paulón (Frente de Todos / UxP) presentó una denuncia penal por el manejo de las tarjetas de crédito corporativas de Nucleoeléctrica Argentina, empresa estatal controlada por el Estado. La iniciativa alcanza a tres figuras clave del actual Gobierno: Luis “Toto” Caputo, Manuel Adorni y el ex presidente de la empresa, Demian Reidel, a quienes se les acusa de encubrimiento, fraude al erario y abuso de funciones en el uso de fondos públicos.
La causa se desató a partir de un informe de gestión que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó ante la Cámara de Diputados. El anexo de 58 páginas, bautizado como “Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A.”, detalla gastos millonarios de al menos 11 autoridades de la compañía entre marzo de 2025 y febrero de 2026, con compras en dólares y en pesos, tanto en el país como en el exterior.
Consumos
Entre los consumos que más llamaron la atención figuran adelantos de efectivo por más de 56 millones de pesos, servicios de balneario de alto costo, pagos en hoteles de lujo, compras de ropa y artículos deportivos en cadenas internacionales, y gastos en bares, restaurantes y supermercados sin un vínculo claro con la actividad nuclear de la empresa.
En la denuncia, Paulón reúne una serie de indicios de posible uso personal de plásticos corporativos: consumos en tiendas de ropa, peluquerías, freeshops, boliches, balnearios, hoteles de gama alta y extracciones de efectivo en el exterior por montos muy superiores a lo que el propio sistema de tarjeta habilita. El diputado entiende que estos erogaciones vulneran el deber de “diligencia y cuidado” que tienen funcionarios y directivos al manejar recursos del Estado.
Además, señala una posible responsabilidad de los funcionarios nacionales por encubrir o permitir un esquema de gastos opacos, incluso cuando el propio informe de Adorni reconoce que los consumos sin justificación debían ser devueltos a la empresa.
Reacciones de los involucrados
El expresidente de Nucleoeléctrica Argentina, Demian Reidel, se despegó de buena parte de los gastos y pidió que se investigue “hasta el último peso”. Aclaró que el reporte mostraba movimientos de una cuenta corporativa consolidada, sin detallar quién realizó cada operación, lo que generó confusión y lo exponía a acusaciones de mala fe.
Por su parte, la empresa confirmó que suspendió de forma definitiva el uso de tarjetas corporativas para viajes, para “transparentar y centralizar” los gastos de representación. El presidente de Nucleoeléctrica, Juan Martín Campos, insistió en que el foco debe estar en revisar consumos sin justificación, no en estigmatizar el ejercicio de la gestión.
El caso se abre en un contexto de creciente escrutinio sobre el uso de recursos públicos y de nuevas denuncias por sobreprecios y licitaciones en la empresa nucleoeléctrica, redoblando la presión sobre el Gobierno de Javier Milei, que había prometido cero tolerancia con el derroche de fondos estatales.
