Aunque el Congreso sancionó por amplia mayoría dos leyes de alto impacto social —una para garantizar el financiamiento universitario y otra para declarar la emergencia sanitaria pediátrica— el presidente Javier Milei resolvió no aplicarlas. A través de los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados este martes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo suspendió su ejecución hasta que se definan las fuentes de financiamiento, dejando en pausa medidas urgentes en educación y salud.
La decisión se inscribe en una estrategia de contención fiscal que el Gobierno considera prioritaria, incluso por encima de demandas estructurales como el sostenimiento de las universidades públicas o el refuerzo de hospitales pediátricos. En ambos casos, el Ejecutivo argumentó que las leyes implican un “impacto desmedido” sobre las cuentas públicas y que el Congreso no especificó cómo se financiarían, incumpliendo lo dispuesto por la Ley N° 24.156.
La Ley de financiamiento universitario
La Ley N° 27.795 fue aprobada por insistencia legislativa tras el veto presidencial. Establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas, con actualización automática de los gastos de funcionamiento según el IPC y recomposición salarial para docentes y no docentes. También contempla la incorporación de sumas no remunerativas al salario básico y la actualización de becas estudiantiles.
Sin embargo, el Gobierno decidió frenar su aplicación. Según el decreto, el costo fiscal estimado para 2025 supera el billón de pesos, y para 2026 se proyecta en más de dos billones. El Ejecutivo argumenta que no puede asumir ese gasto sin una partida específica en el Presupuesto Nacional.
En materia salarial, la ley exige equiparar los sueldos con la inflación acumulada desde diciembre de 2023. El Gobierno calculó que se debería aplicar un aumento del 40,25 % sobre los básicos liquidados en julio de 2025, más un 37,55 % adicional por la incorporación de sumas no bonificables. El impacto total supera los $669 mil millones entre 2025 y 2026.
Emergencia pediátrica
La Ley N° 27.796, también sancionada por el Congreso, declara la emergencia sanitaria pediátrica por un año. Apunta a garantizar el acceso a servicios de salud infantil, reforzar hospitales como el Garrahan, y mejorar las condiciones laborales del personal médico especializado. Incluye además la exención del impuesto a las ganancias para quienes realicen tareas críticas.
El Gobierno estimó que su implementación requeriría $196 mil millones, cifra que supera ampliamente el presupuesto disponible del Ministerio de Salud, que presenta un déficit de $102 mil millones. Según el decreto, aplicar la ley implicaría recortar el 30 % de los subsidios a medicamentos y el 60 % del presupuesto para prevención de VIH-Sida.
La suspensión de ambas leyes se suma a lo ocurrido con la Ley de Emergencia en Discapacidad, también vetada y luego postergada por falta de financiamiento. En septiembre, el Gobierno ya había advertido que “medidas que aparentan defender causas nobles pueden generar desequilibrios fiscales graves”. Con esta nueva postergación, Milei reafirma su decisión de no aplicar leyes que, aunque aprobadas por el Congreso, contradigan su programa de ajuste.