El escrache a Domingo Cavallo durante la conferencia que daba en la UCA tuvo fuertes repercusiones y abrió el debate sobre este tipo de protesta. ¿Se trata de una expresión y un derecho social o de una respuesta violenta y antidemocrática? ¿Cualquiera puede dar conferencias públicas o se necesita de cierta legitimación? ¿De qué hablamos cuando hablamos de condena social?
Por Leila Sucari
El señor pelado y bien vestido que llega sonriente al auditorio de la Universidad Católica Argentina para dar una conferencia sobre historia económica, es el mismo que hundió la economía de nuestro país. El señor que pretende que lo escuchen dar cátedra con cierta autoridad universitaria es el que, cuando fue Ministro de Economía de la Nación, impuso el congelamiento de los fondos bancarios y decretó el llamado «corralito». El señor que camina con la frente en alto y la sonrisita sobradora provocó el estallido de la crisis del 2001 y es el responsable de haber tomado un préstamo usurero llamado Megacanje que dio origen al problema actual con los Fondos Buitres.
Domingo Cavallo –el señor que pretende los aplausos del público– es el mismo que está procesado por más de 90 causas judiciales: contrabando agravado, tráfico de armas, corrupción, fraude, estafa, malversación de fondos públicos y defraudación al Estado, entre otras. Sin embargo, está libre, fue candidato a diputado el año pasado y hasta tiene el tupé de hacerse valer como una «persona con experiencia» frente a un auditorio lleno de gente.
La justicia puede ser lenta, pero la memoria social no se archiva. Por eso, cuando el señor se preparaba para hablar, no lo dejaron. Al grito de «Traidor de la patria», «Hijo de puta» y «Ladrón tenés que ir a juicio», le llovieron huevazos de todas partes. Domingo Cavallo tuvo que esconderse abajo de un escritorio para evitar que las pegajosas yemas chocaran sobre su brillante pelada.
¿Una humillación innecesaria? ¿Un acto de violencia sin sentido?¿Es válido silenciar la palabra ajena por medio de gritos y huevazos? ¿Es antidemocrático o se trata de un pequeño acto de justicia que la mayoría –en el fondo de su discurso políticamente correcto– festeja con una sonrisa disimulada?
Hemos bautizado como escrache a la manifestación social que, mediante una acción directa –huevazos, tomatazos, una pintada en la puerta de la casa del individuo– pretende hacer una denuncia y exponer a la opinión pública el reclamo específico de justicia en los medios masivos de comunicación. Frente al escrache recibido por parte de militantes de la agrupación Quebracho, el señor Cavallo dijo: «Esa metodología viene de la primera década del siglo XX. La utilizaron los nazis y los fascistas para tomar el poder en Alemania e Italia». Si bien es cierto que los nazis usaban esa clase de acciones directas para «marcar» a los judíos, el concepto de «escrache» se inventó en nuestro país en la década del 1990, cuando la agrupación de Derechos Humanos HIJOS lo utilizó para denunciar la impunidad de los genocidas asesinos de sus padres que habían sido liberados por el indulto concedido por Carlos Menem.
Según HIJOS el escrache es un método de participación social que es válido cuando hay un contexto de impunidad donde no se cumple la condena judicial: «Si no hay justicia, hay escrache», dice la consigna. Algunos constitucionalistas coinciden en su legalidad por tratarse de una expresión y un derecho del pueblo, otros sostienen que es un delito contra la propiedad privada.
Tanto kirchenistas como antikirchneristas coincidieron en repudiar el suceso. «Expresiones de esta naturaleza no ayudan a una democracia que tiene que ser plural, abierta y participativa, independientemente de las expresiones que cada uno tenga», dijo Jorge Capitanich. «Es una estupidez sin sentido», agregó Aníbal Fernández». Jorge Lanata, María Laura Santillán y Nelson Castro también se mostraron indignados. Desde Quebracho dijeron en referencia al escrache: «Es parte de la campaña que llevamos adelante hace tiempo: «A los 90 no volvemos». Cuando nos enteramos de la conferencia de Cavallo decidimos repudiarlo; no tiene derecho de hablar, debería estar preso».
Mientras la polémica se extendía y los medios reproducían la noticia, el señor Cavallo regresaba a su casa muy tranquilo dispuesto a darse una ducha y a olvidar lo sucedido. Si bien podemos no estar de acuerdo con esta clase de repudio, nos puede parecer absurda, inconsistente y hasta infantil, nadie puede negar el daño que le hizo a nuestro país y la impunidad con la que el pícaro delincuente vive día a día. El señor debería estar preso. Verlo en una Universidad con un micrófono abierto parece un chiste de mal gusto. Una escena diga del mundo del revés. «¿Cavallo dando recomendaciones para salvar la economía argentina? Tomate un exprimido con las naranjas que te tiraron», dijo un usuario de Twitter.
La condena social, muchas veces, llega a ser más fuerte que la judicial. Sin embargo hay que tenerle cuidado. Si bien en el caso de Cavallo sabemos que es responsable y no hay discusión sobre lo nocivas que fueron sus políticas económicas, en otros casos la condena social y mediática antecede a las pruebas y se corre el riesgo de culpar y estigmatizar a una persona inocente. Para que esto no suceda, existe el Poder Judicial que investiga, juzga y condena. Pero cuando los intereses políticos interfieren en la aplicación de la ley, es la conciencia colectiva la que se encarga de hacer visible lo imperfecto del sistema y de reclamar la debida justicia.