El escándalo en torno al Examen Único de Residencias Médicas sumó en las últimas horas un nuevo y contundente capítulo. De los 117 aspirantes que debieron revalidar su nota tras detectarse irregularidades en la prueba original del 1° de julio, ninguno logró mantener el puntaje anterior. La diferencia en los resultados, en algunos casos de más de 20 puntos, dejó en evidencia lo que el Gobierno no duda en calificar como un intento de fraude organizado.
“Ninguno de ellos pudo revalidar su nota”, confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa. Y fue más allá: calificó como “escandalosa” la brecha entre los puntajes originales y los obtenidos en la nueva evaluación. “La salud, el mérito y la idoneidad no se negocian”, sentenció, con una dureza inusual, apuntando a la gravedad del caso.
La mira puesta en los extranjeros
La mayoría de los que debieron repetir el examen, 109 de los 117, son médicos extranjeros, muchos egresados de universidades ecuatorianas. Ya desde la primera instancia del examen se había detectado un sorprendente número de puntajes extraordinarios entre los postulantes provenientes de esos centros de estudio, lo que activó las alertas en el Ministerio de Salud.
La revalidación se realizó en el Palacio Libertad, con estrictas medidas de control, luego de que la cartera sanitaria determinara inconsistencias en la cadena de custodia del examen anterior. El nuevo resultado confirmó lo que se sospechaba: las calificaciones previas no eran legítimas.
El caso más emblemático es el de Adrián Castillo, médico ecuatoriano de 29 años, que había obtenido 92 puntos en julio, una de las notas más altas, y ahora sacó 63. No solo volvió a rendir bajo estricta vigilancia, sino que además está bajo denuncia penal por haber filmado, con anteojos inteligentes, las 100 preguntas del examen original. Su video se viralizó y destapó el posible entramado de comercialización de contenidos confidenciales del examen.
Los “cómplices” o “intermediarios”
La investigación no termina en Castillo. La denuncia del Gobierno incluye a presuntos cómplices e intermediarios. Entre los nombres que comenzaron a emerger aparece la empresa Academic Dreams SRL, registrada en el mismo piso del domicilio que Castillo declaró el año pasado en Barrio Norte. En Ecuador, su contraparte, Sueño Argentino SAS, se presenta como una agencia especializada en asesoría para profesionales de la salud que desean especializarse en Argentina.
Ambas compañías ofrecían, entre otros servicios, preparación para el Examen Único, tramitación de residencia y convalidación de títulos. Aunque niegan cualquier vínculo con el fraude, su rol en la logística migratoria de los postulantes ahora está bajo lupa. Desde la Casa Rosada no ocultan su satisfacción por la contundencia de los resultados. El mensaje oficial es claro: no se tolerará ninguna forma de trampa, menos aún en un sector tan sensible como el de la salud pública.
“Estamos hablando de quienes tendrán en sus manos la vida de las personas. No hay margen para el error, ni mucho menos para el fraude”, repitió Adorni, aludiendo al compromiso del Gobierno con el mérito. A más de un mes del primer examen, la investigación continúa. El Ministerio de Salud aún busca determinar cómo, cuándo y quiénes filtraron las preguntas, y si hubo participación interna dentro del propio organismo. Mientras tanto, la confianza en el sistema de residencias médicas atraviesa una de sus peores crisis. Y aunque desde el oficialismo celebran el operativo reparatorio, el daño institucional ya está hecho.
