El fiscal de la causa del asesinato de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra en Florencio Varela, Hernán Bustos Rivas, de la UFI N°5, pidió apartarse de la investigación y dijo que sufrió "intimidación y amenazas" de los abogados de las familias de las víctimas. En las próximas horas se deberá sortear una nueva fiscalía.

A 10 días del resonante doble crimen, el titular del Ministerio Público Fiscal de esa ciudad requirió excusarse de la causa ante el juez de Garantías, Adrián Villagra, basándose en múltiples fundamentos. En primer término, Busto Rivas sostuvo que recibió "intimidación y amenazas" de parte del abogado de la madre de Josué, Carlos Diéguez. Según su postura, el letrado lo presionó para aceptar su hipótesis y amenazó con consecuencias laborales y exposición mediática.

El fiscal argumentó que estas acciones generaron una "violencia moral" que compromete su capacidad de mantener la "objetividad e imparcialidad" para encarar la investigación, afectando su “equilibrio espiritual y generando temor por su función y carrera judicial”.

"Nunca vi algo igual en mis 42 años en el sistema penal. El abogado se presentó en mi despacho a amenazarme con consecuencias laborales si no aceptaba su hipótesis delictiva, si no separaba a la policía bonaerense de la investigación y que tenía como aval los medios, el Senado, la Procuración y demás actores del ‘poder’ para finalmente lograr su objetivo", relató.

Para el abogado, los asesinatos no guardarían relación con cuestiones de inseguridad, sino que eran puntualmente una cuestión derivada de "narcomenudeo", detalló Busto Rivas entre los fundamentos. "Podría haberlo incluido en una nueva línea investigativa sin problemas. Sin embargo, el letrado comenzó a realizar manifestaciones respecto a mi función", lamentó.

“Reitero mi total asombro, sorpresa y también temor ante el accionar del mencionado letrado, más aún cuando resulto ser un magistrado de la Provincia de Buenos Aires con 42 años de trabajo, de los cuales los últimos 18 años he sido fiscal de intachable trayectoria", manifestó.

El funcionario se ampara en el artículo 47, inciso 13, del Código Penal, para solicitar su apartamiento del caso. La última disposición de Busto Rivas en el caso había sido una serie de allanamientos en distintos domicilios de Florencio Varela, que dieron resultados negativos.

La investigación no logró hasta el momento grandes avances. Para el fiscal, las muertes de Paloma y Josué fueron un "homicidio agravado criminis causae", aunque todavía no tiene en la mira sospechosos.

La única evidencia que hay son las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas a metros de la zona donde hallaron los cuerpos de los adolescentes, en un descampado al lado de las vías del Tren Roca, debajo del puente de Bosques.