El fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial pidió agravar el procesamiento contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, en el marco de la causa que investiga la apropiación indebida de impuestos y aportes.
Esta solicitud se suma al procesamiento ya dictado por el juez Diego Amarante, quien el pasado mes procesó a los dirigentes por el delito de apropiación indebida de tributos agravado y de recursos de la seguridad social, señalando que la AFA no cumplió con el pago de 19.300 millones de pesos en tiempo y forma.
El pedido en detalle
El fiscal reclamó que se incluya en la acusación la retención indebida de ingresos provenientes del patrocinio oficial de publicidad de los clubes argentinos, un punto que no fue contemplado inicialmente en la causa por evasión impositiva. Navas Rial argumentó que hubo un “análisis fragmentado de la maniobra investigada descartando indebidamente sucesos que integran una única unidad antijurídica”.
Por su parte, el juez Amarante había desestimado esta inclusión alegando que no se comprobó que la AFA actuara como agente de retención o percepción de esos ingresos y destacó que la entidad emitió los respectivos certificados de retención correspondientes. En paralelo, las defensas de Tapia, Toviggino, y otros implicados como el gerente general Gustavo Lorenzo y el secretario general Cristian Malaspina, también apelaron el procesamiento solicitando su revocación.
La causa, iniciada a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), sostiene que la AFA habría retenido tributos y aportes a la seguridad social sin depositarlos dentro de los plazos legales, con montos cuestionados correspondientes a períodos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, que superan los límites establecidos por la ley penal tributaria.
En defensa, la AFA alegó que durante esos vencimientos estaban vigentes resoluciones del Ministerio de Economía que suspendían ejecuciones fiscales contra entidades sin fines de lucro, categoría en la que se encuentra la asociación, sosteniendo que no existía obligación exigible ni delito. El martes pasado, la Sala A de la Cámara confirmó el procesamiento y mantuvo abierta la investigación, rechazando el pedido de cierre de expediente en esta etapa y ratificando la imposición de costas a los imputados que impulsaron el incidente.
