El Gobierno y las autoridades de las universidades nacionales avanzaron este martes en un acuerdo salarial y presupuestario que busca aliviar la crisis financiera que atraviesa el sistema público de educación superior. El entendimiento fue alcanzado entre funcionarios nacionales y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), aunque no logró cerrar completamente el frente de conflicto.

Pese a la mejora económica ofrecida por la Casa Rosada, las universidades confirmaron que continuarán con la demanda judicial ante la Corte Suprema para exigir la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y todavía sin ejecución efectiva.

Cómo será la recomposición salarial para docentes universitarios

La propuesta oficial establece una actualización salarial total del 24,33%, dividida en dos tramos. El primero contempla una suba del 21,33% en julio, mientras que el restante 3% se aplicará en octubre.

Según trascendió, el esquema busca compensar parte de la pérdida acumulada entre 2024 y lo que va de 2026, en un contexto marcado por la aceleración inflacionaria y el deterioro del poder adquisitivo de docentes y trabajadores no docentes.

Además, el Ejecutivo asumió el compromiso de evitar que los salarios universitarios vuelvan a quedar rezagados frente a la inflación durante el resto del año.

Más presupuesto para becas y hospitales universitarios

El acuerdo también incorpora una ampliación de recursos para programas estratégicos vinculados a la educación superior y la salud pública.

Entre las medidas incluidas figura un aumento del 50% para las Becas Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes de carreras consideradas prioritarias para el desarrollo productivo y tecnológico del país.

A eso se suma una partida extraordinaria de $50.000 millones para hospitales universitarios, una demanda que venían planteando las casas de estudio ante el incremento de costos operativos y la presión sobre el sistema sanitario.

La situación de los colegios preuniversitarios

Otro de los puntos discutidos durante las negociaciones fue el escenario salarial de los docentes de escuelas preuniversitarias, uno de los sectores más afectados tras la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Rectores y gremios vienen reclamando una solución específica para esos establecimientos, donde aseguran que la pérdida salarial fue aún más profunda que en el resto del sistema educativo.

El conflicto involucra tanto a docentes como a trabajadores no docentes y mantiene abiertas las discusiones paritarias con las organizaciones sindicales.

La Corte Suprema deberá resolver la disputa por la Ley de Financiamiento

Aunque el acuerdo representa un alivio parcial para las universidades, la disputa judicial por los fondos continúa abierta.

La causa vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario ya cuenta con fallos cautelares favorables a las universidades, aunque la aplicación de esas resoluciones quedó suspendida tras una apelación extraordinaria presentada por el Poder Ejecutivo.

Ahora será la Corte Suprema la encargada de definir el futuro de la norma, sin plazos establecidos para emitir un fallo.

Desde el Gobierno sostienen que la ley aprobada por el Congreso carece de validez porque no especifica de manera clara la fuente de financiamiento de los recursos comprometidos, tal como exige la legislación de administración financiera del Estado.

A pesar del principio de entendimiento alcanzado con los rectores, los sindicatos universitarios mantienen una postura cautelosa y reclaman que el acuerdo quede formalizado en paritarias oficiales.