El Poder Ejecutivo nacional buscó bajarle el tono a la controversia desatada en el Congreso en torno a la postulación de la jueza María Verónica Michelli. Tras la aprobación de su pliego en la Cámara alta, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, aseguró de forma tajante que el presidente de la Nación, Javier Milei, no tiene la obligación constitucional de ratificar de manera inmediata el nombramiento mediante decreto, definiendo el rol del Senado como una instancia de autorización y no de exigencia imperativa. "El Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó. Cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de justicia, se firmará el decreto de nombramiento", aseveró el funcionario en declaraciones radiales.

Las razones técnicas detrás de la postergación de la firma

La postulación de Michelli para integrar el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata quedó envuelta en debates políticos luego de que, días antes de la sesión, la Casa Rosada intentara retirar su postulación de la agenda legislativa de forma imprevista. Si bien versiones de pasillo ligaban este retroceso a presuntos vínculos familiares de la magistrada con sectores del periodismo crítico, Mahiques desestimó de plano dichos trascendidos y argumentó razones de índole puramente logística y procesal.

El titular de la cartera judicial detalló los factores estructurales que relativizan la urgencia del nombramiento:

• Infraestructura inexistente: El tribunal asignado para la doctora Michelli forma parte de una serie de juzgados que aún no han sido materialmente habilitados por la Corte Suprema de Justicia.

• Plazos del Consejo de la Magistratura: Para que dicha dependencia entre en funciones, el órgano judicial debe activar un extenso procedimiento administrativo que incluye la búsqueda y adquisición de un inmueble, su acondicionamiento edilicio, y la provisión del mobiliario y los recursos tecnológicos necesarios.

Un plan oficial para revertir la crisis por vacancia histórica

Más allá del caso puntual de Michelli, el ministro de Justicia ponderó el avance de las designaciones en el Congreso como un paso fundamental para subsanar una "deuda histórica" con los ciudadanos. Según las estadísticas del área, el Poder Judicial de la Nación llegó a registrar cerca de un 37% de puestos sin cubrir, una cifra calificada por la gestión actual como una crisis institucional sin precedentes que atenta contra la celeridad de los procesos.

En esa línea, Mahiques anticipó que la estrategia oficial contempla una fuerte aceleración de los nombramientos. La meta fijada por el Ejecutivo es enviar al Senado un nuevo paquete de entre 50 y 60 pliegos judiciales durante la próxima semana, apuntando a superar las 200 designaciones totales en el corto plazo. Entre las prioridades inmediatas, se encuentran seis vacantes listas para ser ocupadas en los tribunales orales federales de Comodoro Py, así como diversos despachos en cámaras federales de distintas provincias.

Prioridades del fuero federal y el funcionamiento de la Corte Suprema

Al evaluar la complejidad del sistema, el ministro recordó que la gestión actual se ha limitado a evaluar y seleccionar postulantes a partir de las ternas preexistentes confeccionadas de forma autónoma por el Consejo de la Magistratura, correspondientes a procesos iniciados bajo administraciones anteriores. Como ejemplo de las demoras estructurales crónicas que arrastra el sector, destacó que entre los pliegos convalidados esta semana figuran nombramientos para la Cámara Criminal de la Capital que llevaban ocho años paralizados y que habían sido retirados consecutivamente por dos mandatarios de signos políticos opuestos.

Finalmente, Mahiques descartó que el Gobierno mantenga una urgencia prioritaria respecto a la cobertura de las vacantes en la Corte Suprema de Justicia o la definición de las autoridades definitivas en la Procuración General. Al respecto, concluyó que el máximo tribunal viene exhibiendo niveles óptimos de eficiencia y resolución con su actual conformación de tres miembros, reafirmando que el foco principal de la reforma judicial oficialista permanece firmemente centrado en normalizar el funcionamiento de los tribunales inferiores.