El Gobierno nacional definió los últimos retoques de la reforma laboral y aseguró que el proyecto no incluirá artículos que avancen sobre el poder ni sobre las cajas de los sindicatos. En la Casa Rosada remarcan que la reforma sindical no es una prioridad en esta etapa y que el objetivo central es enfocar los cambios en la creación de empleo, evitando tensiones con las organizaciones gremiales que podrían complicar el debate parlamentario. “La reforma está enfocada en la creación de empleo. No va a haber cambios sobre los sindicatos”, repiten en Nación al medio Todo Noticias.
La estrategia política del oficialismo apunta a que la iniciativa obtenga media sanción en el Senado antes del 30 de diciembre, para que luego sea tratada en Diputados a partir del 15 de enero. La encargada de las negociaciones en la Cámara Alta es la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien planea presidir de manera temporal la comisión de Trabajo y Previsión Social hasta febrero, momento en que cedería el lugar a su titular actual, Carmen Álvarez Rivero.
El envío al Senado
El documento final será enviado en el día de hoy al Senado y ya contempla modificaciones clave. Por ejemplo, se descartó la inclusión de la limitación al pago de la cuota solidaria de los sindicatos, una medida que hubiera afectado directamente la recaudación gremial y que la CGT rechazó desde el inicio de las negociaciones. En paralelo, el texto incorpora la prelación del convenio por empresa por sobre el convenio por actividad, aunque con la salvedad de que esos acuerdos solo podrán ser firmados por sindicatos con personería gremial, dejando fuera a comisiones internas o delegados.
En el Ejecutivo todavía no hay definiciones sobre el artículo que restringe la ultra actividad de los convenios colectivos, un punto que la CGT considera de alto impacto. La última versión del proyecto sí incluye una disposición transitoria que obliga a la Secretaría de Trabajo, en el plazo de un año desde la promulgación de la ley, a convocar a las partes para negociar o ratificar las cláusulas de convenios vencidos.
Tampoco está claro si el texto final incorporará la tipificación de bloqueos o tomas de establecimientos como infracción, ni cómo quedará la reglamentación estricta del derecho de huelga, que ya había sido parte del DNU 70/2023 impulsado por el ministro Federico Sturzenegger.
Los detalles antes de la presentación formal será en el Consejo de Mayo, que tendrá su última reunión este martes a las 13 en las oficinas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Balcarce 50. En el oficialismo insisten en que “el proyecto final es muy similar al que ya circuló”, aunque aún no está decidido si se anunciará en conferencia de prensa o si se enviará directamente al Congreso.
