El nuevo Código Procesal Penal en Mendoza estará vigente a partir del 5 de agosto tras la confirmación del gobierno a través de un comunicado. Es decir que de ese día los jueces dejarán de impulsar las causas y los fiscales protagonizarán el proceso en esa jurisdicción.
Se trata de una nueva denominación con la que se identificará el territorio en el que desempeñarán las representaciones del Ministerio Público Fiscal y que establece un sistema moderno, desformalizado, oral y ágil, con la investigación exclusivamente a cargo de los y las fiscales.
Con el nuevo Código, los jueces federales alternan su rol de garantizar el respeto del debido proceso penal y juzgar sobre la situación procesal y responsabilidad del imputado, con funciones investigativas propias de quien promueve el ejercicio de la acción penal.
De ahora en adelante el Consejo de la Magistratura, la Corte y la Procuración General de la Nación deberán redoblar esfuerzos para acondicionar edificios, redes digitales y construir salas de audiencias con recursos audiovisuales, ya que el nuevo proceso es oral, desaparece el expediente de papel y se reemplaza por un registro de video.
El caso de Rosario
En el caso de Rosario el dinero para instalar el equipamiento, que se calcula en unos 10 millones de dólares, fue aportado por el Consejo de la Magistratura y la Procuración General de la Nación. El Ministerio de Justicia adelantó un 30 por ciento y aún no reintegró el resto.
No está tan claro que en Mendoza el Ministerio de Justicia tenga el mismo apoyo urgente que brindaron la Procuración, la Corte y el Consejo de la Magistratura para poner en marcha el mecanismo en Rosario, una jurisdicción donde las urgencias del narcotráfico obligaron a todos los actores a actuar con celeridad.
Aún no hay una evaluación sobre cómo resultó la experiencia en Rosario, donde las causas federales ya tramitan por el nuevo Código Procesal y se realizaron algunas audiencias orales.
