La decisión fue informada a través del Boletín Oficial mediante el decreto 494/2025 y forma parte de la modificación del marco que regula la prestación del servicio público de desagües cloacales y agua potable
La venta se realizará por etapas y se ofrecerá el remanente de las acciones que no sean vendidas
Sin embargo, desde el Gobierno que encabeza Javier Milei anunciaron que la venta del 90% de las acciones de la compañía (que son propiedad del Estado nacional) se realizará en dos etapas: la primera comprende el llamado a licitación pública nacional e internacional donde se venderá, al menos, el 51% del paquete accionario.
En tanto, la segunda fase abarcará todo el remanente de las acciones estatales que no se hayan vendido en la licitación y serán ofrecidas en bolsas y mercados del país.
Asimismo, se determinó que durante el proceso de privatización no podrá verse afectada la calidad del servicio público de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales y el encargado de controlar eso será el Ministerio de Economía.
Cuáles son los fundamentos para la venta de Aysa
El Gobierno sostuvo en el decreto que “desde su creación, AySA ha sido deficitaria y ha dependido de una constante y relevante asistencia del Tesoro Nacional”. Por otra parte, afirmó que el Estado le realizó transferencias del Tesoro por unos US$13.400 millones entre los años 2006 y 2023.
Entre sus argumentos, se señaló que “esta asistencia financiera del Estado Nacional no ha logrado impedir un deterioro en la eficiencia y productividad de AySA, reflejado en la disminución de la productividad laboral y el aumento de los costos operativos, entre otros”.
Por esos motivos, el Estado decidió avanzar con la privatización total de la compañía, aduciendo que la compra por parte de privados servirá “para mejorar la prestación del servicio de agua y saneamiento en el área concesionada a AySA se requiere un nivel de inversión en infraestructura que excede las posibilidades de generación de fondos de la referida empresa”.
Por último, el texto considera que esa acción buscará “contribuir directamente a la mejora en la prestación del servicio público concesionado de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales en el Área Metropolitana, a partir de la implementación de técnicas regulatorias adecuadas para satisfacer las necesidades de los usuarios”.
