El Gobierno nacional dio este lunes un nuevo paso en el proceso de privatización de Corredores Viales S.A., la empresa estatal que administra una parte sustancial de la red de rutas nacionales. A través de la Resolución 827, publicada en el Boletín Oficial, se anunció la convocatoria a audiencias públicas para avanzar en la Etapa II del proyecto de concesión de rutas nacionales, que abarca más de 4400 kilómetros en todo el país.
La medida implica la futura licitación de ocho tramos estratégicos, incluyendo autopistas clave como la Riccheri, Ezeiza-Cañuelas y Jorge Newbery, así como rutas nacionales de alta circulación como la 3, 5 y 7, y accesos a importantes nodos logísticos como los puertos del Paraná, en la zona de Rosario y sus alrededores.
Ocho corredores, una nueva gestión
Los tramos fueron organizados por regiones y denominados: Acceso Sur, Sur, Atlántico, Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte. La convocatoria a las audiencias públicas, instancia obligatoria en este tipo de procesos, se llevará a cabo entre el 11 y el 13 de junio de forma presencial en tres localidades: San Miguel del Monte, Junín y San Nicolás, todas en la provincia de Buenos Aires.
Según el texto oficial, las audiencias tienen como objetivo informar a la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales sobre el alcance del proyecto “Red Federal de Concesiones – Etapa II”. Los interesados podrán inscribirse hasta el 9 de junio a través del sitio oficial de Vialidad Nacional: argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional.
Antecedentes y contexto
Este nuevo avance ocurre en el marco del plan de desguace de empresas estatales impulsado por el presidente Javier Milei. En febrero, a través del Decreto 97, el mandatario autorizó el inicio del proceso de privatización de Corredores Viales S.A., delegando la tarea al Ministerio de Economía, en conjunto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. La metodología elegida incluye la disolución y liquidación de la sociedad estatal una vez que los tramos sean adjudicados a nuevos operadores privados.
Actualmente, Corredores Viales administra más de 6000 kilómetros de rutas, lo que representa aproximadamente un tercio del tránsito de la red vial troncal del país. A principios de abril, la empresa estatal también asumió la gestión de las “rutas del Mercosur” (incluyendo las rutas 12, 14 y el puente Rosario-Victoria), luego del vencimiento de la concesión que estaba en manos de la firma Crusa.
Debate y cuestionamientos
Desde el Gobierno se argumenta que la privatización busca mejorar la conectividad, eficiencia y calidad del servicio vial. Sin embargo, la medida despierta controversias: sectores opositores y representantes sindicales advierten sobre el riesgo de aumentos en los costos para los usuarios, además de una posible reducción en la supervisión estatal sobre la seguridad vial y el mantenimiento de la infraestructura. Además de los impactos económicos, el proyecto pone sobre la mesa una discusión de fondo sobre el rol del Estado en la gestión de los servicios públicos estratégicos y el modelo de desarrollo de infraestructura a nivel nacional.
