El Gobierno nacional oficializó este jueves una nueva modalidad para obtener la ciudadanía argentina: los ciudadanos extranjeros que realicen inversiones calificadas como “relevantes” podrán acceder a la naturalización sin necesidad de cumplir con un tiempo mínimo de residencia en el país.
La iniciativa fue establecida a través del Decreto 524/2025, como parte de una estrategia para atraer capitales internacionales. La normativa crea un procedimiento especial que estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, un nuevo organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Economía.
Cómo es el trámite
Será este ministerio el encargado de definir qué inversiones se consideran “relevantes”, criterio clave para que el solicitante pueda avanzar en el trámite. Una vez presentada la solicitud, la Agencia evaluará la inversión y, si cumple con los requisitos, iniciará una verificación exhaustiva en conjunto con organismos de seguridad e inteligencia, como la SIDE, el Ministerio de Seguridad, la UIF, el RENAPER y el Registro Nacional de Reincidencia.
El objetivo es garantizar que quienes obtengan la ciudadanía no representen una amenaza para la seguridad nacional ni para el interés público. Luego de esa evaluación, la Agencia enviará una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, que deberá resolver en un plazo máximo de 30 días hábiles.
Además, quienes accedan a la ciudadanía por esta vía podrán tramitar de forma automática su CUIT ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), lo que les permitirá ingresar rápidamente al sistema fiscal y económico argentino. La medida ya está en vigencia, aunque despertó fuertes cuestionamientos por parte de expertos en derecho migratorio y sectores de la oposición. Las críticas se centran en la falta de criterios claros y públicos sobre qué inversiones califican como “relevantes”, y en los riesgos asociados a la posible discrecionalidad o uso indebido del mecanismo, incluso como vía para el lavado de activos.
Hasta ahora, el régimen legal exigía al menos dos años de residencia legal continua en Argentina para iniciar el proceso de ciudadanía. Con este nuevo esquema, ese requisito queda eliminado si el solicitante realiza una inversión aprobada por el Ejecutivo.
