El Gobierno anunció que presentará la reforma laboral en el Senado el próximo 10 de diciembre, con la intención de aprobarla antes de finalizar el año. Patricia Bullrich será la encargada de conducir las negociaciones con los distintos bloques parlamentarios para conseguir los apoyos necesarios en la Cámara Alta, según publicó TN.

Tras confirmar que las sesiones extraordinarias se extenderán desde el 10 hasta el 30 de diciembre, la administración nacional buscará avanzar con la reforma laboral en tiempo récord. Bullrich ya inició diálogos con los líderes de todos los bloques del Senado, incluyendo al kirchnerismo, aunque desde su entorno reconocen que no esperan el respaldo de esa bancada.

El proyecto, que modifica la Ley de Contrato de Trabajo, fue elaborado con la impronta oficialista y, según Patricia Bullrich, “es una ley ecuánime, moderada, que no se va a viejos proyectos que son de flexibilización laboral. Se logró algo importante y estamos realmente contentos”. La mayoría de los sectores políticos participaron en su redacción, lo que ha reducido las controversias iniciales.

Para ampliar los consensos, el oficialismo está dispuesto a considerar ajustes durante el debate en comisión. Así lo señaló Sabrina Ajmechet, diputada de La Libertad Avanza, quien afirmó: “Habrá espacio para introducir mejoras”. En diálogo con FM Milenium, la legisladora destacó que el Ejecutivo trabajó bien en el proyecto junto al Consejo de Mayo y recordó que “el 40% de la población económicamente activa trabaja en negro”.

Ajmechet explicó que las leyes laborales vigentes fueron diseñadas para un país industrializado y estructurado en fábricas, donde un trabajador permanecía en un empleo desde joven hasta su jubilación, un esquema que ya no se corresponde con la realidad actual. Por eso, consideró fundamental modernizar la normativa.

En el marco de las negociaciones, un sector del Gobierno también tomó en cuenta una propuesta extraoficial de la CGT, que plantea un régimen especial para trabajadores menores de 30 años. Este esquema buscaría otorgar mayor flexibilidad en aspectos como salario, vacaciones, jornada laboral e indemnizaciones para ese grupo, diferenciándolos de los trabajadores formales tradicionales.

Según fuentes sindicales, el proyecto permitiría que los trabajadores menores de 30 años tengan un nivel de protección laboral menor, recuperando sus derechos plenos una vez superada esa edad. La CGT sostiene que esta medida protegería a los empleados formalizados y facilitaría la incorporación de jóvenes al mercado laboral.

Desde el Gobierno, algunos funcionarios ven con buenos ojos esta propuesta, considerándola una alternativa viable para fomentar el empleo juvenil. Sin embargo, también deberán atender las críticas y recomendaciones de otros sectores que formaron parte del Consejo de Mayo, así como las objeciones de la oposición más contundente.

De no lograrse completar el tratamiento de la reforma durante diciembre, se prevé que el presidente Javier Milei pueda ampliar el período de sesiones extraordinarias a enero o febrero para continuar con el debate parlamentario.