El cruce de declaraciones entre la administración central y las provincias sumó una nueva escala de alta tensión política. El jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, salió al cruce de los dichos del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien en la víspera había advertido a los inversores que una futura gestión del Partido Justicialista avanzaría en la revisión de normativas y en eventuales procesos de expropiación de bienes estratégicos.
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En declaraciones vertidas este martes a Radio Rivadavia, el funcionario nacional desestimó los planteos del mandatario riojano y los contrapuso con el cambio de paradigma económico que busca consolidar el Poder Ejecutivo. “Ese discurso representa el pasado y busca que los argentinos continúen estancados en la pobreza. La sociedad ya eligió una transformación cultural profunda”, argumentó Santilli durante la entrevista.
Asimismo, el ministro coordinador respaldó los indicadores socioeconómicos actuales exhibidos por el Gabinete, destacando una tendencia a la baja en los índices de pobreza indigente respecto de los registros consolidados en períodos de gobierno previos.
Cumbre en Balcarce 50 y estrategia en el Senado
En forma paralela al intercambio discursivo, el Ejecutivo nacional intensifica los contactos políticos para destrabar proyectos prioritarios en el Poder Legislativo. Para el mediodía de este martes está programada un encuentro de la mesa de coordinación política en la Casa Rosada, con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, el asesor Santiago Caputo y referentes parlamentarios del oficialismo.
El objetivo central de la cumbre pasa por unificar posturas de cara al tratamiento en comisiones de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal.
Por otro lado, la Cámara de Senadores se prepara para retomar el debate de la iniciativa de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Ante las observaciones planteadas por distintos sectores provinciales —entre ellos representantes de La Rioja que alertaron sobre el dominio en zonas fronterizas—, el oficialismo aceptó incorporar modificaciones al texto original, estableciendo un límite máximo del 25% para la titularidad de tierras en manos de capitales extranjeros.
