En una medida que refuerza su política migratoria restrictiva, el gobierno de Donald Trump lanzó un programa que incentiva la salida voluntaria de inmigrantes indocumentados con un pago de 1.000 dólares. La iniciativa, presentada este lunes por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), busca reducir la cantidad de deportaciones forzadas ofreciendo una alternativa que el Ejecutivo califica como "más segura, eficaz y económica".

El programa contempla además la cobertura de los costos de viaje y la posibilidad de notificar la salida del país mediante la aplicación móvil "CBP Home". Quienes opten por esta vía ya no serán considerados prioritarios para la detención por parte de las autoridades migratorias, de acuerdo al anuncio oficial. "Si usted está aquí ilegalmente, la autodeportación es la mejor, más segura y más rentable manera de salir de los Estados Unidos para evitar el arresto", afirmó la secretaria del DHS, Kristi Noem, en un comunicado.

Deportación masiva

Este nuevo paso se inscribe en el marco de la promesa de campaña de Trump de llevar adelante una "deportación masiva", una estrategia que actualmente incluye redadas a nivel nacional y vuelos especiales para repatriar migrantes. Sin embargo, estos operativos enfrentan limitaciones presupuestarias y judiciales. La justicia ha exigido al gobierno que se respeten los procesos legales antes de concretar cualquier expulsión, lo que ralentiza y encarece la ejecución de estas medidas.

Ante ese panorama, el Ejecutivo busca canalizar parte de sus recursos hacia este sistema de "autodeportación asistida", que considera una vía más pragmática. Al mismo tiempo, presiona al Congreso para que aumente el presupuesto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con el objetivo de intensificar las expulsiones y sostener la política migratoria que ha sido uno de los pilares de la retórica de Trump.

Aunque el plan aún no ha sido detallado en su totalidad, ya genera reacciones divididas: sectores conservadores lo celebran como una solución eficiente para reducir la inmigración irregular, mientras que organizaciones de derechos humanos lo cuestionan por el trasfondo coercitivo que puede implicar, en un contexto donde muchos migrantes viven bajo amenaza constante de detención.