El Ministerio de Seguridad de la Nación decidió elevar la escala penal contra los grupos violentos que protagonizaron los disturbios frente al Palacio Legislativo. Alejandra Monteoliva anunció en radio Mitre que el Gobierno no tipificará los hechos como simples daños o atentados a la autoridad, sino que invocará la figura de terrorismo prevista en la Ley N° 26.734. Según la funcionaria, la presencia de explosivos caseros y la logística desplegada demuestran una intención clara de sembrar caos y condicionar a los poderes públicos.

Un cambio en el enfoque penal

La ministra argumentó que los elementos secuestrados y observados en la jornada exceden cualquier marco de protesta social legítima. "El uso de bombas Molotov, bidones de nafta y bulones lanzados con gomería responde a una violencia extrema. Esto fue un acto de terrorismo destinado a generar muerte y desestabilización", sentenció en declaraciones radiales.

La aplicación de la Ley Antiterrorista conlleva implicancias judiciales severas:

• Penas agravadas: Los delitos cometidos con el fin de aterrorizar a la población o coaccionar a las autoridades duplican su escala penal.
• Investigación Federal: La causa queda bajo órbita federal, con restricciones para la excarcelación inmediata de los sospechosos.
• Prisión efectiva: La tipificación busca asegurar que los responsables enfrenten condenas de cumplimiento efectivo.

Identificación biométrica y perfiles de los involucrados

Gracias al análisis de cámaras de seguridad y transmisiones de medios, las fuerzas federales ya identificaron a más de diecisiete personas. El Ministerio utiliza sistemas avanzados de reconocimiento facial y registros biométricos (como los sistemas Luna y Jessie) para cruzar datos con antecedentes policiales.

Los perfiles detectados hasta el momento revelan una composición heterogénea:

• Origen: La mayoría de los implicados reside en la provincia de Buenos Aires, aunque se detectaron personas provenientes de Tucumán y Salta.
• Pertenencia: Se investigan vínculos con barras bravas, agrupaciones de izquierda combativa y sectores anarquistas.
• Antecedentes: Si bien algunos carecen de historial delictivo, otros poseen un extenso prontuario penal.

Monteoliva defendió el accionar de las fuerzas de seguridad y explicó que la prioridad fue la dispersión mediante agua y gases para evitar una escalada de violencia mayor. Asimismo, desestimó de forma categórica las versiones sobre supuestos policías infiltrados en la manifestación. "Es un disparate total sugerir que el Gobierno genera estas situaciones. Todo el procedimiento está documentado y a disposición de la Justicia", afirmó.