A través del Decreto 931/2025, la gestión de Javier Milei dispuso una actualización sustantiva en los haberes de ministros, secretarios y subsecretarios, que se percibirá por primera vez con los salarios de enero de 2026. La decisión responde a la creciente dificultad del Ejecutivo para retener profesionales calificados en áreas críticas de la administración pública.
La necesidad de este ajuste quedó expuesta tras la reciente salida de Marco Lavagna del INDEC, según publicó Infobae. Su sucesor interino, Pedro Lines, mantenía activo su perfil en redes profesionales con la etiqueta "abierto a trabajar", una señal inequívoca del deterioro en la escala de ingresos del sector público. El propio ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que la falta de actualizaciones provocó una sangría de funcionarios hacia las empresas privadas.
La nueva escala salarial
El reordenamiento establece subas que oscilan entre el 62,4% y el 85,9%, según el cargo y la paritaria estatal acumulada. Los nuevos valores brutos confirmados por fuentes de la Casa Rosada son los siguientes:
- Ministros: Pasarán de un básico de $3.584.006 a un rango que se ubica entre $5.800.000 y $6.600.000 brutos.
- Secretarios: Sus haberes, que promediaban los $3.282.709, escalarán a una franja de entre $5.300.000 y $6.100.000 brutos.
- Presidente y Vicepresidenta: Por decisión política, Javier Milei continuará con un sueldo de $4.066.018 y Victoria Villarruel con $3.764.821, ambos congelados desde diciembre de 2023.
Los fundamentos
En los considerandos del decreto, el Ejecutivo sostiene que la medida forma parte de una estrategia de largo plazo para construir un "Estado eficiente y profesional". El texto argumenta que, tras alcanzar el equilibrio macroeconómico y el superávit fiscal, resulta indispensable contar con remuneraciones competitivas que garanticen la integridad institucional.
"El desafío es construir un sistema basado en la transparencia y la meritocracia", señala el decreto oficial. Desde el entorno presidencial subrayan que este ordenamiento no compromete la sostenibilidad fiscal, sino que apunta a dejar atrás un esquema de empleo público "desarticulado y carente de incentivos adecuados".
La brecha salarial entre la administración pública y el mercado corporativo se volvió insostenible para muchos cuadros técnicos. Áreas como el Ministerio de Producción y el INDEC sufrieron renuncias masivas de especialistas que optaron por regresar a la actividad privada.
