En el marco de su política de ajuste y reorganización del gasto público, el Gobierno nacional oficializó este jueves la eliminación de dos fondos fiduciarios públicos: el Fondo Fiduciario de Integración Socio Urbana (FISU) y el Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica (Fondotec). La medida se formalizó a través del Decreto 312/2025, publicado en el Boletín Oficial.
La decisión forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la gestión de Javier Milei para reducir estructuras estatales, avanzar en mayor transparencia y cumplir con compromisos asumidos ante organismos internacionales. En los considerandos del decreto se afirma que la disolución de ambos fideicomisos responde a la necesidad de “propender a la mayor transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos”.
¿Qué es el FISU?
El Fondo Fiduciario de Integración Socio Urbana (FISU), creado en 2018, tenía como finalidad el financiamiento de proyectos de urbanización e integración de barrios populares inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). En 2024, manejó un presupuesto de $188.411 millones, con $4938 millones destinados a gastos corrientes y $28.707 millones en transferencias al sector privado, provincias y municipios. Sin embargo, el fideicomiso quedó sin financiamiento a principios de 2025, luego de que el impuesto PAIS, que lo sustentaba, fuera eliminado en diciembre del año anterior.
El FISU fue gestionado durante la presidencia de Alberto Fernández por Fernanda Miño, dirigente del Frente Patria Grande, el espacio político liderado por Juan Grabois. Su eliminación constituye un nuevo golpe a la estructura heredada por el oficialismo anterior, y marca un fuerte recorte en materia de políticas sociales y urbanísticas.
Por otro lado, el Fondotec, creado en 1990, tenía como objetivo el apoyo a proyectos de generación de conocimiento científico, tecnológico e innovador. En 2024, registró ingresos por $3224 millones y egresos por $1145 millones. Según el Poder Ejecutivo, su disolución se basó en auditorías realizadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que revelaron "la ausencia de instrumentos normativos, deficiencias del control y la falta de un plan de inversiones".
Esta no es la primera medida de este tipo en lo que va del año. En marzo, el Gobierno ya había dado de baja el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF), que contaba con un presupuesto de $49.474 millones y era utilizado para financiar obras de infraestructura energética a través de la Secretaría de Energía.
Acuerdo firmado
La eliminación de estos instrumentos también responde a una cláusula del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que establece como condición la eliminación total de los fideicomisos, excepto el que subsidia el gas natural para los hogares, antes de diciembre de 2025. Se trata de un componente clave del programa económico con el que el Gobierno busca reducir el déficit fiscal y estabilizar la macroeconomía.
