El Gobierno argentino, liderado por el presidente Javier Milei, tomó la decisión de disolver la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), que fue establecida para indagar sobre las denuncias vinculadas con el criptoactivo $LIBRA. Esta memecoin, que fue impulsada por el propio mandatario, tuvo un colapso que causó pérdidas millonarias a muchos inversores.
La formalización de esta eliminación se realizó en la madrugada del martes, mediante el Decreto 332/2025, que lleva las firmas de Milei y su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. En el documento oficial se detalla que “el gobierno considera que la información recopilada fue remitida al Ministerio Público Fiscal y que la Unidad ha dado cumplimiento a la tarea encomendada por el Decreto N°114/25”.
El caso $Libra: un escándalo financiero con impacto político
El escándalo se inició el 14 de febrero de 2025, cuando Javier Milei promovió $LIBRA desde sus redes oficiales, lo que generó un gran revuelo y un interés desmedido por el token. En un corto lapso, el valor de la criptomoneda pasó de casi nada a más de u$s5, impulsado por una fiebre especulativa alimentada por su apoyo.
En un enigmático giro, sus desarrolladores se retiraron sin previo aviso, lo que llevó a la memecoin a perder casi todo su valor. Este episodio levantó alertas entre los inversores afectados, quienes lo tildaron de un posible caso de “rug pull”, una estafa habitual en el ámbito cripto.
La UTI fue creada a través del Decreto 114/2025, compuesta por representantes de organismos dedicados a los activos virtuales, delitos financieros y lavado de dinero. Su función era investigar la posible existencia de maniobras fraudulentas o irregularidades en la promoción y posterior caída del valor de $LIBRA.
Además, el caso tiene repercusiones internacionales, ya que se presentó una demanda colectiva en Estados Unidos contra el presidente Milei, acusándolo de promoción engañosa y negligencia. Los denunciantes sostienen que su respaldo público fue determinante para dar legitimidad a una inversión que resultó en pérdidas significativas.
A pesar del cierre de la UTI, fuentes del ámbito judicial indican que las investigaciones penales seguirán su curso en el Ministerio Público Fiscal, donde se analiza si hubo delitos económicos o conflictos de interés relacionados con funcionarios cercanos al presidente. Aún no se han dado a conocer informes oficiales sobre las conclusiones de la unidad disuelta, y se desconoce la identidad de los desarrolladores originales de $LIBRA, así como la existencia de vínculos con el actual gobierno.
