A través de un anuncio oficial, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó el envío al Congreso de la Nación de un proyecto de ley para reformar integralmente el marco normativo de la Salud Mental en Argentina.
La propuesta, elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación, surge tras un relevamiento que detectó severas dificultades en la aplicación de la ley vigente (26.657). Según Infobae, el objetivo es "mejorar la capacidad de respuesta" y brindar un encuadre adecuado a situaciones de emergencia que hoy quedan en un vacío legal.
Uno de los cambios más profundos radica en el lenguaje técnico y los criterios médicos. El proyecto propone abandonar el término "padecimiento mental" por considerarlo ambiguo, reemplazándolo por las definiciones de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE).
Además, se redefine el "criterio de riesgo". A diferencia de la norma actual, la reforma se focaliza en la "situación de riesgo de daño para la vida o integridad física", permitiendo que el equipo médico evalúe antecedentes y contexto para realizar intervenciones preventivas más eficaces antes de que ocurra una tragedia.
El debate sobre las internaciones involuntarias
La reforma aborda el punto más sensible para las familias y los profesionales del sector: la dificultad para internar a un paciente en crisis.
-
Facultad médica: El médico psiquiatra recupera la autoridad para indicar una internación involuntaria en casos de urgencia.
-
Plazos: La decisión deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario en 24 horas (antes el plazo era superior).
-
Control Judicial: Se establece un período de 24 horas para la notificación a la Justicia, buscando un equilibrio entre el control legal y la inmediatez asistencial.
-
Altas voluntarias: Si un paciente pide el alta pero el equipo médico considera que su capacidad está afectada, la internación podrá pasar a ser involuntaria con aviso judicial.
El proyecto del oficialismo reconoce que el cierre de hospitales psiquiátricos especializados —promovido por la ley de 2010— no es viable en el corto plazo debido a la falta de infraestructura alternativa. Actualmente, el país cuenta con 30 instituciones públicas monovalentes y 139 privadas que resultan esenciales para casos complejos.
En lugar de eliminarlos, el Gobierno propone fortalecer una Red de Atención de distintos niveles de complejidad que incluya:
-
Hospitales especializados (monovalentes).
-
Servicios de salud mental en hospitales generales.
-
Dispositivos ambulatorios y residencias asistidas.
La auditoría previa del Ministerio reveló que el sistema actual es profundamente desigual: solo 16 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley actual y apenas 18 provincias cuentan con servicios de salud mental en hospitales generales. Para revertir esto, se potenciarán los sistemas de información RESAM y REFES, claves para monitorear la disponibilidad de camas en tiempo real.
