El Gobierno argentino no logró alcanzar la meta fiscal establecida para el primer semestre del año en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que genera una creciente presión para la próxima auditoría del organismo prevista para fines de julio.
Según alertaron analistas privados, el superávit primario acumulado hasta junio fue inferior al comprometido. De acuerdo con un informe de Max Capital, “el superávit primario acumulado bajo la metodología del FMI alcanzó $6,3 billones a junio, por debajo de la meta de $6,861 billones establecida para fines de ese mes, lo que sugiere que el Gobierno no cumplió con ese objetivo”.
El examen será clave para un próximo desembolso
El próximo examen del FMI se basará en estos datos y su aprobación es clave para destrabar un desembolso cercano a los US$680 millones. En este contexto, la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, visitará Buenos Aires el 27 de julio. Se espera que el Gobierno anticipe el desvío y solicite un waiver, es decir, un permiso especial para justificar el incumplimiento y asegurar el giro de fondos.
Por su parte, el Grupo SBS señaló en un informe que “excluyendo los ingresos extraordinarios, la meta fiscal del primer semestre con el FMI está incumplida por aproximadamente $573.970 millones, aunque no creemos que esto genere ningún inconveniente en la próxima revisión”.
En cuanto a la meta fiscal anual, luego de la última renegociación con el FMI, el Gobierno redujo el superávit comprometido para 2026 del 2,2% al 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI). Los analistas de Max Capital consideran que aún es posible cumplir con la meta anual si los resultados económicos mejoran durante el segundo semestre.
Sin embargo, la persistente caída real en la recaudación debido al rezago en la actividad económica representa un gran desafío. La consultora LCG advirtió que “la baja persistente de los ingresos impone un desafío mayor para cumplir con el compromiso en tanto exige un mayor ajuste sobre el gasto”.
Además, desde LCG señalaron que, aunque el Gobierno manifieste la voluntad oficial de cumplir con la meta, “la magnitud, la composición y la tolerancia social del esfuerzo fiscal necesario para hacerlo podrían significar un costo para el Gobierno”. En ese sentido, el Ministerio de Economía ha adoptado medidas que reflejan la preocupación por el impacto social y político del ajuste.
