El Ejecutivo nacional dio un nuevo impulso a la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) al establecer un proceso acelerado para la venta de la mayoría de sus acciones estatales. Según la Resolución 1198/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, se contratará un banco público para tasar las acciones y se fijó un plazo de ocho meses para concretar la operación.
La medida formaliza el inicio de la venta del 90% del capital social de AySA que pertenece al Estado Nacional, tras la autorización del Gobierno para avanzar en la privatización total de la empresa. El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, instruyó a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas a ejecutar la contratación de una entidad bancaria pública para realizar la valuación del paquete accionario.
Esta decisión responde a que el Tribunal de Tasaciones de la Nación informó que “se encuentra imposibilitado actualmente de realizar la valuación del total de la empresa solicitada por AySA en un plazo razonable”, lo que motivó la búsqueda de una alternativa para acelerar el proceso.
La estrategia
El plan prevé la venta de al menos el 51% del paquete accionario a un operador mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional. Este procedimiento deberá completarse dentro de los ocho meses desde la entrada en vigencia de la resolución.
Por otro lado, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas también deberá gestionar la colocación en bolsas y mercados locales del remanente de acciones que no se vendan en la licitación.
Además, la Secretaría de Obras Públicas quedó encargada de preparar toda la documentación técnica, licitatoria y contractual necesaria para la privatización, incluyendo el contrato de concesión correspondiente. Esta tarea contará con la intervención previa de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, la cual podrá solicitar colaboración técnica y operativa a la sociedad.
En cuanto al servicio, se estableció que se deberán coordinar las acciones necesarias para que el proceso de privatización no afecte la continuidad en la provisión de agua potable ni en la recolección de desagües cloacales.
