El Ministerio de Capital Humano, a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), informó que la Cooperativa de Trabajo Lo de Néstor Ltda. fue intervenida judicialmente en las últimas horas.

La cooperativa, que tenía a su cargo el manejo del bar “Un café con Perón” en la sede del Instituto Juan Domingo Perón, enfrenta varias sanciones tras repetidas irregularidades administrativas y contables, según comunicó el organismo. El bar había sido clausurado el 12 de junio pasado, en el marco de una serie de medidas oficiales para el cierre definitivo del Instituto.

El comunicado oficial especificó que el Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 22, Secretaría Nº 43, ordenó “la intervención judicial plena de la Cooperativa ubicada en Bolívar 548, con desplazamiento de su Consejo de Administración y la Sindicatura”.

La decisión se tomó debido a que la cooperativa siguió "realizando operaciones comerciales sin contar con la debida autorización y sin proceder a los actos tendientes a su disolución y liquidación" aunque tenía el "retiro de la autorización para funcionar dispuesta por el organismo".

La intervención se produjo tras un extenso proceso administrativo iniciado a comienzos del año pasado, cuando el INAES detectó incumplimientos por parte de Lo de Néstor Ltda. “La cooperativa fue objeto de diversos requerimientos a partir del mes de marzo de 2024”, señaló el comunicado de la cartera que dirige Sandra Pettovello.

Ante la falta de respuesta satisfactoria, se abrió “un sumario con suspensión de su operatoria, en el mes de septiembre de 2024, en el que tuvo oportunidad de ejercer su derecho de defensa”. Aun así, según el comunicado oficial, “persistió en los incumplimientos, proceso que culminó en el mes de febrero de 2025 con la sanción de retiro de la autorización para funcionar y el rechazo posterior de los recursos deducidos contra la citada medida, habiéndose agotado la vía administrativa”.

La cooperativa Lo de Néstor Ltda. recibió en el pasado “fondos del Estado durante el período 2020 a 2023”. No obstante, la “obstrucción a la potestad de fiscalizar del INAES imposibilitó analizar en forma íntegra que el destino de los mismos haya sido realizado respetando la ley de cooperativas y las normas de ese organismo”.

Según el comunicado, la escasa documentación recibida por parte de la cooperativa “confirma que la entidad no dio cumplimiento a la normativa que obliga a pagar la retribución a los asociados en forma bancarizada, por ser una entidad que recibió fondos del Estado, conforme a lo establecido en el artículo 1º de la Resolución Nº 3107/18 INAES”.

El informe también subraya que la entidad mantuvo sus procesos administrativos sin la debida transparencia ante sus propios asociados y ante el Estado. “Además de ello, el último balance presentado es el correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2022, sin dar cuenta a los asociados, ni al INAES, de los ejercicios sociales cerrados a fines de 2023 y 2024”.