El Gobierno Nacional dio un paso decisivo en su agenda de apertura económica al desmantelar el complejo entramado de regulaciones que, desde 2012, dificultaba el patentamiento de invenciones químico-farmacéuticas en el país. A través de una norma firmada por los ministros Luis Caputo (Economía) y Mario Lugones (Salud), junto al titular del INPI, Carlos María Gallo, se eliminaron las pautas técnicas que actuaban como un freno de mano para la innovación médica en Argentina.
A partir de ahora, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) recupera su autonomía técnica para determinar la procedencia de cada patente de forma individual, alineándose con los estándares de propiedad intelectual de los principales socios comerciales del país.
Aunque la resolución pertenece a las carteras de Economía y Salud, la impronta del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, es el motor detrás del cambio. El funcionario celebró la medida asegurando que la normativa anterior hacía "casi imposible" obtener una patente en el país. "Aquella resolución era un atentado contra el derecho de propiedad y demoraba la llegada de terapias innovadoras. Con esta derogación, Argentina se alinea con el mundo y abre el mercado doméstico de Estados Unidos para nuestra propia industria como contraparte", señaló el ministro en sus redes sociales.
Blindaje para los laboratorios locales
Un punto neurálgico de la nueva normativa es el Artículo 2°, que funciona como un "puerto seguro" para el negocio farmacéutico local. La norma establece que, para las patentes que se concedan de aquí en adelante sobre productos que ya se comercializan en el país, los titulares de dichas patentes no podrán impedir su venta ni exigir retribuciones o regalías retrospectivas. Así se protege la estabilidad del mercado actual, evitando que los laboratorios nacionales sufran reclamos por daños y perjuicios por drogas que ya están en las farmacias. Expertos del estudio Marval, O’Farrell & Mairal advirtieron que, si bien esto preserva la comercialización vigente, podría generar cuestionamientos de validez constitucional por parte de los dueños de las patentes que se vean privados de percibir ganancias por su propiedad intelectual.
Los 5 beneficios clave que promete el Gobierno
Desde el Ministerio de Desregulación enumeraron las ventajas estructurales que esta modernización traerá al sistema de salud argentino:
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Aceleración de terapias: Llegada más rápida de medicamentos de última generación.
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Seguridad Jurídica: Estímulo a la inversión extranjera en investigación y desarrollo (I+D).
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Estándares Globales: Inserción de Argentina en las cadenas mundiales de innovación.
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Protección del acceso: Los medicamentos actuales no se retirarán ni cambiarán de precio por esta medida.
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Competencia a largo plazo: Fomento de la productividad tanto local como internacional.
