El Gobierno nacional puso en marcha el proceso para renovar integralmente la terminal de ómnibus de Retiro mediante una nueva licitación, que se desarrollará bajo un esquema de concesión con financiamiento privado.
La iniciativa contempla dejar sin efecto el contrato vigente con TEBA S.A., la firma vinculada a Néstor Otero, conocido como “el Zar de Retiro”. Esa concesión había sido otorgada en 1993 con vencimiento original en 2005, pero fue prorrogada en reiteradas oportunidades sin un nuevo proceso competitivo.
Importante
El Gobierno declaró de interés público una iniciativa privada para la remodelación integral de la Terminal de Ómnibus de Retiro y convocó a licitación para modernizar la terminal más importante de transporte automotor de pasajeros bajo un esquema de concesión con…
— totocaputo (@LuisCaputoAR) April 24, 2026
La medida quedó oficializada este viernes a través del decreto 273, publicado en el Boletín Oficial. Según precisó Caputo, “La Terminal de Retiro será licitada luego de 33 años para modernizar su estructura, ampliar su capacidad y avanzar en la transformación de una infraestructura clave que durante años no recibió las inversiones necesarias, afectando negativamente a la calidad del servicio”.
La terminal de Retiro constituye el principal nodo de transporte terrestre de larga distancia del país, con un flujo anual de entre 10 y 12 millones de pasajeros.
En temporadas altas, la cifra puede alcanzar los 2 millones mensuales, mientras que se registran más de 300.000 servicios al año que conectan la Ciudad de Buenos Aires con distintos puntos del país y destinos internacionales limítrofes.
De acuerdo con información oficial, el nuevo proyecto fue impulsado por cuatro empresas —Inverlat Investment, Service Trade, Inversiones Peirod y BV Investment— y apunta a una modernización integral de la terminal.
Entre los objetivos se destacan la mejora en la experiencia de los usuarios, la optimización operativa y la ampliación de la capacidad, con la incorporación de nuevas dársenas.
La concesión prevista tendrá una duración de 30 años. Durante ese período, el adjudicatario deberá asumir la totalidad de la inversión y la operación del sistema, a cambio de percibir los ingresos derivados de su explotación. Además, deberá abonar un canon mensual al Estado.
Desde la Secretaría de Transporte señalaron que “Este esquema derivó en un progresivo deterioro del servicio y en reiterados problemas de funcionamiento, evidenciados en deficiencias de infraestructura, falencias de mantenimiento, condiciones inadecuadas de seguridad y una experiencia general deficitaria para los usuarios”.
