En un nuevo movimiento de la "motosierra" administrativa, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, sellaron una modificación integral del Presupuesto 2026. La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial, representa un recorte neto de $2,5 billones en la Administración Central que, sumado a una recaudación excedente, eleva la meta de ahorro fiscal por encima de los $3 billones.
Esta reasignación de partidas no solo busca cumplir con las metas de superávit comprometidas ante organismos internacionales, sino también reordenar la estructura del Estado mediante el traspaso de agentes y el financiamiento de programas de desvinculación laboral.
El foco en ANSES: jubilaciones y retiros voluntarios
Uno de los ejes centrales de la reforma presupuestaria es la seguridad social. El Gobierno dispuso dos movimientos de gran magnitud para el organismo previsional:
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Sentencias Judiciales: Se incrementó en $500.000 millones el techo para el pago de deudas previsionales y ajustes del SIPA, elevando el límite anual a más de $712.000 millones.
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Achique de estructura: Se destinaron $162.000 millones exclusivamente para financiar el Plan de Retiros de Voluntad Recíproca en la ANSES. Los beneficiarios de este programa, cuyos formularios vencieron en abril, tienen prohibido reingresar al sector público nacional por un período determinado.
Radiografía del recorte: ¿dónde cae la tijera?
El ajuste más severo se concentró en las Obligaciones a cargo del Tesoro, con una quita de $1,47 billones en asistencias financieras, vinculada directamente a la quita de subsidios en servicios públicos. A continuación, las partidas más afectadas:
| Sector / Programa | Ministerio | Monto Recortado |
| Uso Eficiente de la Energía | Economía | $359.497 millones |
| Infraestructura Deportiva | Interior | $320.671 millones |
| Repavimentación Ruta 38 | Economía | $97.104 millones |
| Fondo Salarial Docente | Capital Humano | $78.711 millones |
| Tratamiento del Cáncer | Salud | $63.021 millones |
| Integración Socio-Urbana | Economía | $39.442 millones |
No todos los renglones del presupuesto sufrieron bajas. El Consejo de la Magistratura recibió una inyección de fondos superior a los $137.000 millones para garantizar su funcionamiento operativo y el pago de salarios.
Asimismo, la normativa consolidó el traspaso de personal entre carteras, destacándose el movimiento de agentes hacia el nuevo Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, reflejando la prioridad oficial de simplificar la burocracia estatal.
Con esta maniobra, la Administración Central reduce su gasto en un 1,6% en términos netos. Para el Palacio de Hacienda, este ajuste es la pieza que faltaba para consolidar un superávit de $3,2 billones, enviando una señal de austeridad extrema a los mercados en un año clave para la estabilización macroeconómica.
