En la antesala de lo que se prevé como una movilización masiva en Plaza de Mayo, el Gobierno nacional formalizó una reestructuración de las partidas de la Secretaría de Educación. La medida, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, implica una quita de $78.768 millones en diversos programas estratégicos.
Este nuevo movimiento de la "motosierra" administrativa impacta directamente en programas de formación básica, salarios docentes y la infraestructura de las casas de altos estudios, consolidando una tendencia de caída real del gasto educativo.
Los programas más golpeados: Alfabetización y salarios
El ajuste no fue uniforme, sino que se concentró en los pilares de la gestión educativa actual:
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Plan Nacional de Alfabetización: Fue el área más afectada, con una reducción de $35.288 millones. Esta quita impacta directamente en las transferencias que la Nación realiza a las provincias para fortalecer la enseñanza de la lectura y escritura.
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Fondo de Compensación Salarial Docente: Se eliminaron partidas por $8.929 millones, destinadas a auxiliar a las provincias con menores recursos para alcanzar el salario mínimo docente.
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Gestión y Becas: Las políticas socioeducativas sufrieron una baja de $6.649 millones, que incluye un recorte de más de $559 millones en el sistema de becas estudiantiles.
Freno a la infraestructura universitaria
El anexo de la Decisión Administrativa revela un fuerte impacto en las Universidades Nacionales. El Gobierno suspendió transferencias de capital por $5.303 millones destinadas a obras de infraestructura del conocimiento.
La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) encabeza la lista de damnificadas con un recorte de $1.043 millones, seguida por la UNSAM y la Universidad de Avellaneda (con $700 millones cada una). Esta parálisis afecta obras edilicias y equipamiento tecnológico en trece instituciones de todo el país.
El debate por el financiamiento
Según un informe del CEPA, el presupuesto destinado al desarrollo de la educación superior bajo la gestión de Javier Milei acumula una caída real del 32,5% entre 2023 y 2025. De mantenerse la proyección oficial para 2026, la retracción acumulada frente a 2023 alcanzaría el 41,6%.
Mientras la comunidad educativa reclama por la Ley de Financiamiento Universitario (vetada y luego insistida por el Congreso), desde el Ejecutivo aseguran que dicha norma es "abstracta". El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, sostuvo que el Presupuesto 2026 deroga implícitamente cualquier asignación previa y que el Estado "no está en capacidad económica" de afrontar los aumentos salariales pretendidos.
