El Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello presentó ante la Justicia las certificaciones de los 1.607 comedores y merenderos que la cartera no pudo comprobar su existencia porque ya no funcionaban más, porque nunca existieron o porque brindaron direcciones falsas.
El fiscal Ramiro González, a cargo de la causa, investiga si los referentes de las organizaciones que los administraban recibían aún los alimentos secos o dinero a través del programa Alimentar Comunidad; también el fiscal tiene en la mira a los funcionarios que debían controlar y no lo hicieron.
Esos lugares representan el 47,5% de los 3.385 que se relevaron entre el 7 de febrero y el 17 de mayo. Entre las organizaciones que se investigan están la de los ex funcionarios del entonces Ministerio de Desarrollo Social, Emilio Pérsico y Daniel Menéndez.
Los “comedores fantasma” pertenecen a organizaciones sociales y piqueteras como el Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha, Libres del Sur, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Evita y Barrios de Pie.
Hasta el momento el dirigente más complicado es Jeremías Cantero, del Polo Obrero. Está imputado en otra causa judicial junto a 27 dirigentes populares por “extorsionar” a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo para que asistan a marchas o actos partidarios bajo la amenaza de darles de baja el plan a través de la Secretaría de Economía Social.
El accionar de la Justicia
Busca determinar la identidad y participación de “todas las personas que resulten responsables, entre ellos funcionarios públicos que hubieran prestado funciones tanto en la Secretaría de Inclusión Social, en la Dirección Nacional de Seguridad Alimentaria, en la Dirección de Planificación y Evaluación de Políticas Alimentarias, en el Ministerio de Desarrollo Social desde el año 2020 al 10 de diciembre del año 2023, como así también todo funcionario público que se desempeñara en áreas con vinculación a los hechos”.
En la causa se investigan los presuntos delitos “de defraudación contra la administración pública” e “incumplimiento de deberes de funcionario público”.
