A través de la resolución 12 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional oficializó la extensión de la emergencia pública en materia ferroviaria hasta junio de 2028. La decisión, que lleva la firma del secretario Fernando Herrmann, busca dotar al Estado de herramientas de gestión excepcionales para acelerar la recuperación de una red con un deterioro estructural profundo.

Esta prórroga se anticipa cuatro meses al vencimiento del plazo original dictado en 2024. Según los fundamentos oficiales, la medida resulta indispensable para otorgar previsibilidad y seguridad jurídica a los contratos vigentes, evitando escenarios de incertidumbre que puedan comprometer la estabilidad del servicio de pasajeros y de cargas.

El plan de obras

La hoja de ruta del Ministerio de Economía y la Secretaría de Transporte tiene un objetivo claro: eficientizar el sistema antes de su concesión a capitales privados, tal como autoriza la Ley Bases. Actualmente, se encuentran en ejecución 226 obras prioritarias y más de 60 acciones estratégicas diseñadas para mitigar riesgos operativos.

La distribución de los recursos fiscales para estas tareas se organiza bajo el siguiente esquema de inversión:

• Vías y puentes (31%): Renovación de infraestructura básica y renovación de trazados obsoletos.
• Material rodante (27%): Compra de nuevas locomotoras, triplas diésel y repuestos para más de 500 coches eléctricos del AMBA.
• Señalamiento (26%): Modernización de sistemas de control para reducir fallas y cancelaciones.
• Infraestructura eléctrica y estratégica (12%): Mejoras en la red de alimentación y talleres de mantenimiento pesado.

Desde la declaración inicial de emergencia tras el siniestro en la línea San Martín, la gestión avanzó en la renovación de más de 40 kilómetros de vías y la implementación total del sistema de frenado automático en las líneas metropolitanas. Además, se destaca la recuperación de instalaciones técnicas con más de un siglo de antigüedad que carecían de mantenimiento preventivo.

La compra reciente de tres locomotoras y 43 triplas diésel (que representan 150 coches nuevos) forma parte del esfuerzo por reducir el ausentismo de unidades y mejorar la frecuencia del servicio.

Para el Ejecutivo, la emergencia no es un fin en sí mismo, sino un puente hacia la privatización. El deterioro generalizado que detectó la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) actuaba como un factor de disuasión para potenciales inversores interesados en operar los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).