El Gobierno nacional decidirá por decreto la prórroga de la Ley de Emergencia Ígnea, en un contexto de incendios que ya afectarán alrededor de 230.000 hectáreas en la Patagonia. En Nación explican que la medida se adoptará “por la urgencia” y que “no tiene por qué esperar el debate de la ley”, mientras se mantiene abierto el análisis sobre si el tema ingresa al temario de las sesiones extraordinarias de febrero. Así lo adelantó el medio Todo Noticias.
En paralelo, el Ejecutivo define qué nuevos recursos podrían incorporarse y qué alcance territorial y operativo tendrá la prórroga. La discusión se da en medio de una creciente presión política de los gobernadores patagónicos, que reclaman herramientas excepcionales para enfrentar los focos ígneos y evitar pérdidas humanas y ambientales. En el oficialismo permitirá que el debate sobre la emergencia pueda cruzarse con la negociación legislativa más amplia y hasta condicionar acuerdos clave en Diputados y Senado.
Fondos para recursos
La Casa Rosada dio este jueves una señal concreta en materia de asistencia. La mesa técnica de Balcarce 50 formalizó la transferencia de más de 100.000 millones de pesos al sistema de Bomberos Voluntarios a través de la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad. Según el texto oficial, el monto total asciende a $100.810.319.998,50 y será distribuido entre 1.062 asociaciones de bomberos voluntarios de primer grado, con una asignación de $94.924.971,75 para cada entidad.
Los fondos están destinados a la compra de equipamiento, materiales, indumentaria y otros insumos vinculados a la lucha contra el fuego y la protección civil. La norma también prevé partidas adicionales para federaciones provinciales, programas de capacitación y para la Agencia Federal de Emergencias, además de establecer un esquema de pagos progresivos sujeto al cumplimiento de las rendiciones administrativas. En Nación remarcan que se trata de una medida que responde al reclamo de las fuerzas de seguridad y de los bomberos, aunque reconocen que no reemplazan el debate de fondo que plantean los gobernadores.
El marco normativo que se busca extender tiene antecedentes directos: la Emergencia Ígnea fue declarada originalmente por el decreto 6/2022 y luego prorrogada por el decreto 2/2023 hasta el 13 de enero de 2024. En el oficialismo no descartan abrir un debate parlamentario sobre la materia, pero hay resistencias a que los mandatarios provinciales “marquen la agenda” desde el exterior del Congreso, en un escenario donde el Ejecutivo intenta ordenar sus prioridades legislativas, entre ellas la reforma laboral, en la mesa política que se reúne este jueves a las 12.
