El Gobierno continua con la restructuración del Estado y avanza con la implementación del Decreto 344/2025, que generó una intensa discusión en el ámbito de los Derechos Humanos. Este decreto transforma el Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio de la ESMA en entidades que operarán bajo el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).
La decisión, publicada en el Boletín Oficial , responde a un plan más amplio de reorganización estatal que promueve el Ejecutivo. Según los funcionarios, el propósito es "garantizar una mayor coordinación en las políticas de administración de los recursos públicos y promover una gestión más ágil y centralizada". Sin embargo, esta reestructuración pone fin a la autonomía de dos organismos emblemáticos que abordan la memoria, la verdad y la justicia, que ahora dependerán de una entidad central.
La medida implica la disolución de la autonomía operativa de dos organismos emblemáticos en materia de memoria, verdad y justicia, que quedarán ahora bajo la órbita de un ente central. Según el texto oficial, esta reorganización busca “optimizar recursos sin comprometer la conservación de archivos ni las actividades institucionales”.
Desde el Ministerio de Justicia, liderado por Mariano Cúneo Libarona, sostuvieron que el Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio de Memoria ESMA, junto al CIPDH, "comparten funciones complementarias", y que esta medida permitirá "unificar criterios y eliminar duplicidades". En paralelo, un informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Diseño Organizacional, que depende del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, respalda el decreto, indicando que actualmente existen 111 organismos estatales, lo que justifica la necesidad de fusiones y transformaciones.
A pesar de las justificaciones técnicas, la medida ya suscita críticas en sectores defensores de los derechos humanos. Se teme que este giro represente un retroceso significativo en las políticas de memoria del país. Organismos históricos como Abuelas de Plaza de Mayo y el CEDH aún no emitieron un pronunciamiento oficial, aunque se anticipa que se pronunciarán en los próximos días.
Desde Casa Rosada reafirmaron su postura respecto a la eficiencia en la gestión estatal, indicando que se evalúan las competencias de cada jurisdicción con el fin de reducir estructuras que podrían afectar el uso eficiente de los fondos públicos. En el marco de recortes y reformas estructurales, el Gobierno sigue adelante con su objetivo de minimizar el tamaño del Estado, tocando así una de las áreas más sensibles del tejido institucional argentino, la que se ocupa de la memoria de los crímenes de la última dictadura.
