El Palacio de Hacienda dio el paso definitivo para la implementación de la Ley de Inocencia Fiscal. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) formalizó la reglamentación de este nuevo paradigma tributario que, en palabras del Ejecutivo, busca dejar atrás décadas de "persecución fiscal" y "asfixia tributaria". El objetivo central es claro: reingresar al sistema financiero parte de los 170.000 millones de dólares que los argentinos mantienen fuera de los bancos.
Bajo este nuevo esquema, la evasión deja de ser considerada un delito penal de forma automática. Quienes incumplan con sus obligaciones y reciban una notificación oficial podrán regularizar su situación mediante el pago de la deuda, lo que anula la posibilidad de una causa en los tribunales. Además, los umbrales de punibilidad sufrieron una actualización drástica: la evasión simple se fija en 100 millones de pesos, mientras que la agravada asciende a los 1.000 millones de pesos.
Régimen Simplificado
La normativa introduce el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), diseñado para contribuyentes con ingresos anuales de hasta 1.000 millones de pesos y patrimonios que no superen los 10.000 millones. Una de las mayores ventajas de este sistema es el "efecto liberatorio": quienes presenten su declaración jurada y paguen en término quedarán exentos de cualquier investigación retroactiva sobre los períodos fiscales base.
ARCA facilitará este proceso mediante una declaración jurada precargada que el contribuyente solo deberá validar o ajustar. Una vez cumplido el pago, la información se presume exacta y veraz, lo que otorga una seguridad jurídica inédita frente a posibles auditorías futuras.
Alivio para Pymes
El sector de las pequeñas y medianas empresas es el principal beneficiario de esta reforma. El Gobierno ordenó el cese de la emisión automática de intimaciones para contribuyentes que no sean considerados "relevantes" para la recaudación nacional. En su lugar, ARCA aplicará un análisis individualizado y enviará recordatorios preventivos antes de iniciar cualquier sumario o aplicar multas.
En caso de infracciones, se estableció una reducción del 50% en las multas para quienes regularicen su deuda dentro de los 45 días posteriores al vencimiento. Esta diferenciación busca reducir el impacto burocrático sobre las pymes y fomentar el cumplimiento voluntario por encima de la sanción.
Bancarización y lavado de activos
La reglamentación también aborda la circulación del dinero. Se consideran operaciones "debidamente canalizadas" todas aquellas que ingresen al sistema financiero en cualquier punto de la transacción. No obstante, se ratificó que la compraventa de inmuebles podrá mantenerse en efectivo, bajo el marco legal vigente desde 2001.
En cuanto a la prevención de lavado de activos, la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias funcionará como un "antecedente favorable" ante los bancos. ARCA implementará un sistema de validación digital para que las entidades financieras verifiquen la situación del contribuyente de manera ágil, aunque esto no exime de los controles de origen de fondos habituales.
