En un nuevo paso hacia la profundización del ajuste en la estructura política, la Jefatura de Gabinete formalizó este martes un drástico recorte en el régimen de traslados internacionales de la administración pública. A través de la Decisión Administrativa 9/2026, el Ejecutivo Nacional estableció una regla de hierro para las misiones en el exterior: a partir de ahora, las comitivas se verán reducidas a la mínima expresión, permitiendo un único representante por evento, mientras que el uso de pasajes en clase ejecutiva quedará reservado solo para un selecto grupo de la mesa chica del poder.
La normativa busca terminar con las delegaciones nutridas que solían acompañar las gestiones fuera del país. La nueva ordenanza es tajante: cada actividad internacional reconocida e impostergable para los intereses del Estado deberá ser cubierta por un solo funcionario. Aquellas áreas que consideren estrictamente necesaria la presencia de integrantes adicionales se verán obligadas a presentar una justificación expresa y detallada, que deberá ser auditada bajo un nuevo esquema de control jerárquico.
El Jefe de Gabinete y su última palabra
El control de los cielos oficiales quedará centralizado. El Jefe de Gabinete tendrá la última palabra sobre los traslados de ministros y secretarios presidenciales, mientras que el resto de los funcionarios —desde directores generales hasta titulares de organismos descentralizados— deberán someterse a un riguroso "Informe de Planificación de Gestión Internacional". Este formulario deberá ser presentado con una antelación mínima de diez días hábiles, eliminando la posibilidad de viajes improvisados o de último momento sin fundamentos extraordinarios.
La reestructuración también divide al funcionariado en cuatro categorías (Grupos A, B, C y D) para determinar la comodidad de sus traslados. El Grupo A, que incluye al Jefe de Gabinete, ministros, el Procurador del Tesoro, jefes de las Fuerzas Armadas y el presidente del Banco Central, conservará el derecho a viajar en clase ejecutiva.
En contraste, el Grupo B, donde se ubican secretarios ministeriales, embajadores y los titulares del Banco Nación y empresas estatales, deberá resignarse a la clase económica. Solo de manera excepcional, y alegando razones de salud, seguridad o productividad extrema, un secretario de Estado podrá solicitar un ascenso de categoría, previa autorización.
Para los Grupos C y D, que nuclean al resto del personal jerárquico y administrativo, la clase económica será la única opción disponible, con el agravante de que cualquier modificación o cambio de pasaje deberá ser costeado del bolsillo del propio funcionario, prohibiendo que el Estado asuma gastos adicionales por imprevistos personales.
Con esta medida, que entra en vigencia de forma inmediata, el Gobierno busca no solo simplificar los circuitos administrativos y reducir la carga operativa, sino también enviar un mensaje político de austeridad en un área históricamente sensible para la opinión pública.
